El edificio, construido en 1878, está ubicado a dos cuadras de la plaza principal. la diaria sólo pudo recorrerlo por fuera, bordeando su perímetro. En el casco principal relucía el blanco de la pintura aplicada meses después del siniestro. No obstante, como el tema está en proceso de investigación permanecían intocables, latentes, los lengüetazos negros dejados por las bocanadas de humo y fuego que salieron aquella noche por la pequeña ventana, la que no alcanzó a combatir la toxicidad de los colchones de polifón.
Desde el suelo
“Me caí en el piso y vi que ahí podía respirar y me quedé quieto, porque entre el humo y el fuego no podías respirar. Ya habíamos hablado con el llavero, habíamos agitado la puerta, le habíamos explicado que era un incendio, ellos pensaron que era un motín. Yo le dije al llavero ‘tenés que darte cuenta de que no es un motín, son las tres y media de la mañana, esto fue un accidente, por favor, abrinos la puerta’. ‘No, yo no puedo abrir la puerta’, dijo. ‘¿Pero cómo que no vas a poder abrir, nos estamos muriendo acá adentro’. El tipo nos miraba pasmado, quieto. Yo le grité ‘abrí que nos prendemos fuego y ahí el tipo reaccionó y fue y sacó la llave’. Cuando yo fui a Rocha a declarar me encontré con el llavero y le pregunté ‘¿qué fue lo que te pasó?, tu función es abrir la puerta, ¿por qué no la abrías?’ ‘Porque no tenía la llave y el comandante que estaba de guardia no me la quería dar, y cuando vos me gritaste yo fui y se la saqué de vivo’. Pero pasaron como siete, ocho minutos, para mí fue una eternidad”, relató a la diaria Eduardo Mederos, ex recluso que luego de estar 21 días internado en el Centro Nacional de Quemados fue enviado a su casa, en Montevideo, para cumplir prisión domiciliaria por los dos meses que le faltaban de una condena de dos años y cuatro meses.
“Yo lo que quiero es que se haga justicia, pero no que pague el llavero, porque el llavero de última fue el que nos salvó la vida. Que paguen los que tienen que pagar, que paguen los de arriba porque todo el mundo estaba sabiendo, desde el director hasta el ministro, incluso estuvo Garcé en diciembre de 2009. Todos lo estaban sabiendo, eso es lo que más me indigna, todo eso que pasó se podía haber evitado, porque voluntad de trabajo en la cárcel hay: para construir paredes para cambiar las ranchadas. Hoy siguen las mismas frazadas, las mismas sábanas, los mismos calentadores, la misma instalación. Compañeros que están presos me dicen ‘no tenemos ningún privilegio, ni asistencia psicológica, tenemos que ver todos los días donde fue el incendio’. Aparte de estar quemados, a la miseria, en la ruina, te levantás y tenés el castigo de ver todos los días eso, lo que viviste, tus compañeros que se fueron, y ¿cómo? ¿Dónde están los derechos humanos? No entiendo nada. Un compañero mío está quedando loco, sale todas las mañanas al patio y lo primero que hace es arrancar para la cuadra dos, los compañeros hicieron ahí un santuario, y él va y se sienta a tomar mate y a conversar con los compañeros que están muertos, un pibito que tiene 20 años”.
Además del deterioro edilicio (los planes de construir uno nuevo lejos de la zona céntrica datan de hace décadas), uno de los grandes problemas era el hacinamiento. En el momento del incendio el local principal, pensado para 55 a 60 personas, albergaba a 130. En esta y en otras cárceles es común que para conseguir intimidad los reclusos armen “ranchadas” (subdivisiones de las celdas hechas con frazadas, sábanas o cartones), que en este caso fueron decisivas para que el fuego se expandiera rápidamente. En 2005, el comisionado parlamentario Álvaro Garcé había sugerido “eliminar las caóticas divisorias, en virtud del alto riesgo de incendio”, y sustituirlas por otros materiales más adecuados.
Eduardo Mederos, ex recluso sobreviviente del incendio, indicó a la diaria que él y otros dos compañeros (uno de ellos fallecido) habían presentado en abril un proyecto a la dirección del establecimiento para aplicar un curso de construcción a distancia (mediante un CD, costeado por la familia del fallecido) para levantar paredes y eliminar las ranchadas, porque aquello era “una bomba de tiempo”. La propuesta no fue aceptada.
La cárcel no contaba con la habilitación de bomberos, los dos extintores estaban descargados y el personal de custodia era escaso; además, no contaba con “directivas protocolizadas y difundidas para enfrentar situaciones de grave emergencia”, según el informe elaborado por Garcé el 13 de julio. La instalación eléctrica era extremadamente precaria, lo que también había sido señalado por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que había visitado el lugar una semana antes de los hechos.
Sigue así
En diálogo con la diaria Alcides Caballero, jefe de policía de Rocha, remarcó que luego del 8 de julio disminuyó la población carcelaria. Ahora hay 89 reclusos (80 hombres y nueve mujeres), 56 se alojan en el casco central y el resto en las construcciones externas (pequeñas habitaciones) y en dos contenedores que instalaron; asimismo derivaron reclusos hacia Montevideo y Maldonado, y a la chacra policial local.
Caballero detalló que para que no vuelva a ocurrir un incendio “se tomaron las medidas que fueron recomendadas por la Dirección Nacional de Bomberos, eso implica un reordenamiento y un entrenamiento para todo el personal que presta servicios en la cárcel”. Indicó que se mejoraron las instalaciones eléctricas, que colocaron paneles solares para calentar el agua de las duchas, que se hicieron reparaciones en paredes y se pintó el edificio. Respecto a las ranchadas, dijo que “se trabajó y la mayoría se eliminó”.
la diaria no pudo cotejar la dimensión de estos cambios, sin embargo Serpaj visitó la cárcel el 11 de octubre e informó que las ranchadas “continúan siendo permitidas”. También detectó insuficiencia de métodos para combatir un incendio: al momento de la visita no se contaba con dos de los extintores incorporados, y los existentes estaban colocados lejos de las cuadras, sin que hubiera “medios alternativos: baldes de arena, boca de incendio, mangueras, etcétera, ni rutas de evacuación debidamente señaladas”.
Garcé dijo a este medio que visitó tres veces la cárcel luego del incendio. Valoró positivamente la reducción del número de reclusos, pero indicó que “salvo el pabellón incendiado y el de al lado, el resto sigue funcionando en condiciones similares a las que existían antes”. Afirmó que “las ranchadas no han sido eliminadas” y que “en Rocha, Maldonado y Rivera existen todavía en la misma forma que hace un tiempo”. Puntualizó que si bien se han incorporado más extintores, “la inmensa mayoría de los establecimientos penitenciarios no cuenta con habilitación de Bomberos”, y que “cerca del 80% de población carcelaria se mantiene bajo riesgo elevado de incendio”.
La “emergencia carcelaria” fue declarada en 2005, y posteriormente organizaciones internacionales han encomendado “la necesidad urgente de tomar medidas” contra las “violaciones de derechos humanos a gran escala”, como ocurre en las cárceles. Pero el cumplimiento de estas responsabilidades se hace esperar.