Se reciben donaciones
Diego González, presidente del Sindicato Policial Rochense, indicó que “otro problema gravísimo” es el cobro de viáticos de los efectivos policiales que son trasladados de otros departamentos para trabajar en el Verano Azul. Éstos se pagan quincenalmente, pero esta vez, en lugar del 15 de enero, recién los cobraron el 24. El Ministerio del Interior (MI) atribuye responsabilidades al Ministerio de Economía y Finanzas, debido a las licencias de su personal. Fernando Gil, asesor del ministro Bonomi, dijo a la diaria que, efectivamente, se pagaron el 24, pero indicó desconocer las causas, aunque remarcó que dentro de un plantel de 30.000 funcionarios pueden ocurrir estas cosas. González fue más allá en sus declaraciones, explicó que hay quienes reciben un viático diario de 190 pesos para comer todo el día. “¿Al MI le parece que una persona puede comer con esa plata, siendo que en la Barra del Chuy un agua mineral y una milanesa al pan cuestan 140 pesos?”, cuestionó. Contó que los efectivos “no pasan necesidades gracias a los comerciantes de la zona; la Jefatura les dio algún paquete de fideos y de arroz, pero carne, cebolla, tomate, morrón los consiguen los policías pidiendo a comerciantes de la zona”. Además, indicó que cerca de cien policías se alojan “amontonados” en las comisarías o en carpas que arman al fondo de éstas.
En diálogo con la diaria, Julio Sosa, presidente de la filial rochense del Sindicato Único de Policías del Uruguay, graficó la situación de inseguridad contando lo sucedido en la madrugada del jueves 20. Esa noche, 37 reclusos de tres pabellones rompieron los candados de sus sectores “para sacar a un compañero que estaba alojado en el calabozo y se quería cortar”. Los reclusos movilizados sostenían que había sido mal sancionado; en cambio, los oficiales argumentaban que estaba allí por haber amenazado a un guardia policial y a su familia. Según Sosa, al salir de sus pabellones los reclusos rompieron la reja del calabozo y liberaron al sancionado, sin que hubiera ninguna fuga: “No quisieron salir afuera, era empujar la puerta e irse”, remarcó. Luego llegaron el jefe y el subjefe de Policía y Sosa relató que este último “conversó con la población carcelaria que había roto los candados y todo volvió a la normalidad”; el recluso que estaba en el calabozo se había fugado días atrás y el jueves fue trasladado a una cárcel de Montevideo.
Recursos humanos
La cárcel de Rocha es considerada de media seguridad, al recorrerla por fuera pueden observarse las rejas viejas y bajas, poco apropiadas para un sitio de reclusión. Además de esto, Sosa reprobó el escaso número de efectivos policiales. Dijo que para atender a los 130 reclusos alojados, la noche del jueves había sólo siete policías, que es el número habitual de efectivos, “cuando no hay cinco o seis por turno”. A su entender “como mínimo, para sacar la guardia adelante tendría que haber entre 10 y 11 policías.
Diego González, presidente del Sindicato Policial Rochense, relató en diálogo con la diaria que “agentes de primera, cabos y sargentos quedan a cargo de la cárcel enfrentando responsabilidades, tiene que haber un oficial a cargo, alguien que pueda tomar decisiones; de noche es un caos, el agente que no tiene poder de decisión tiene que levantar los teléfonos y esperar que se hagan las comunicaciones por Jefatura para que alguien decida”.
Por su parte, el jefe de Policía de Rocha, Alcides Caballero, negó que hubiera pocos efectivos policiales: “No es así, yo estoy a una cuadra y cualquier cosa voy hasta allí”, dijo a la diaria, aludiendo a que él estaba a disposición. En una entrevista que le realizó este medio a fines de diciembre, Caballero había señalado que contaban con “tres efectivos en la parte del centro, un comandante de guardia, un cabo y un llavero, y cinco garitas cubiertas con personal”, además de dos efectivos para tareas de oficina durante el día; en ese momento la cárcel había disminuido su población a 89 reclusos, intentando paliar la situación que se dio en julio, cuando ocurrió un incendio en el que murieron 12 reclusos y otros ocho resultaron heridos. Ahora la cárcel volvió al hacinamiento de entonces, señalado como uno de los peores de todo el país, siendo que no debería albergar a más de 60 personas. La diferencia es que se dispusieron en el patio de la cárcel dos contenedores con una capacidad para diez personas cada uno.
Edificio pendiente
González señaló las carencias edilicias del edificio central penitenciario. “Hace más de un año que corre riesgo de derrumbe y las autoridades tienen conocimiento de todo eso. Esperemos que en el transcurso de este año se cierre, porque en cualquier momento va a haber una catástrofe, el techo ha cedido más de 20 centímetros y hay rajaduras en las paredes por todos lados”.
Caballero indicó que ya se han hecho algunas reparaciones y que el viernes acudirán arquitectos del Ministerio del Interior (MI) para continuar con los arreglos. La idea es mejorarlo mínimamente mientras se edifica un nuevo edificio, prometido hace décadas, puesto que el actual tiene más de cien años y se ubica en el medio de la ciudad. Gustavo Belarra, asesor carcelario del MI, dijo a la diaria que se piensa hacer más edificaciones en la chacra policial de Rocha, ubicada a unos cinco kilómetros de la ciudad y donde en diciembre había 16 reclusos en condiciones de mínima seguridad. Puntualizó que se tomará como referencia el centro penitenciario construido en el cerro Campanario, en Lavalleja, alejado de la ciudad, con construcciones con una lógica de intramuros, para los que requieren mayor seguridad, y otra de extramuros para los que cuentan con un nivel de confianza mucho más alto.
Condiciones laborales
González denunció que no hay personal para relevar a los efectivos que cumplen guardias de 12 horas en la garita, y que a veces ni siquiera pueden ir al baño, para no abandonar el puesto.
Sosa se abocó a describir las condiciones de insalubridad, indicó que “en la cocina [donde comen los policías] hay cucarachas que caminan hasta por las paredes, la comida es escasa, porque es tan grande el recorte de la Jefatura, que algunos que son del interior del departamento y se trasladan 130 kilómetros para hacer una guardia tienen que pagarse la comida, y la mitad de los días no se les brinda por las restricciones, se les da guiso y tuco, cuando hay”.
El inspector general de Trabajo, Juan Andrés Roballo, dijo a la diaria que en los organismos públicos su cartera sólo verifica las condiciones ambientales de trabajo (seguridad, salud, higiene), dejando afuera las generales, como es el caso del descanso cada ocho horas de trabajo. Puntualizó que a fines de 2010 se formó una comisión tripartita entre su cartera, los sindicatos policiales y el MI, que “pactó como primera tarea hacer un inventario de las diferentes situaciones”, en la que ambas partes tuvieron una actitud “muy propositiva”.