La convocatoria era para las 15.30 frente a la puerta de la ANV, en Cerrito y Zabala, en la Ciudad Vieja, Montevideo. A esa hora eran muchas las personas que cortaban la calle Zabala y expresaban a través de pancartas, aplausos y silbidos su preocupación. Jóvenes, adultos y veteranos de distintos puntos de la ciudad se congregaron en esa esquina; todos integrantes de Covipro-Ch.
De mudanza
Mientras que en horas de la tarde integrantes del plenario de Cooperativas de Viviendas de Propietarios y Conjuntos Habitacionales cortaban el transito por la calle Zabala al manifestarse en la puerta del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), la mañana de la ministra se presentaba más tranquila. A primera hora del día concurrió a la sala de acuerdos de la sede central de la Intendencia de Montevideo (IM) y participó en la firma de un nuevo convenio que beneficiará a 454 familias de asentamientos de Montevideo.
Habitantes de Isla de Gaspar, La Manchega, Las Duranas y Joanicó accederán desde 2012 a soluciones habitacionales a partir del acuerdo generado entre ambos organismos. Para concretar el pasaje a las viviendas definitivas el ministerio realizará una inversión de 245 millones de pesos. Asimismo, brindará asesoramiento técnico y supervisará el proyecto de manera integral. Por último, capacitará a los vecinos para que puedan construir sus propias viviendas mediante convenios con distintos organismos públicos y privados. En tanto, la IM aportará los predios para construir las nuevas viviendas y administrará los fondos entregados por el MVOTMA con el fin de asegurar los servicios indispensables: alumbrado, electricidad y saneamiento. Es de destacar que los asentamientos en juego se encuentran ubicados en zonas inundables y contaminadas. Isla de Gaspar es de los más antiguos; según consigna el sitio de Presidencia se creó en 1935 y en la actualidad viven 279 familias. La relocalización será en zonas cercanas a los asentamientos. Los vecinos podrán acceder a posibilidades de alquiler, compra de viviendas usadas, autoconstrucción o construcción cooperativa.
Durante la presentación, la ministra expresó que el realojo es un trabajo que se estudia "caso a caso" y que se busca la solución habitacional que más se adecue a las "necesidades y posibilidades" de cada familia. El proyecto integra, además, capacitación laboral, educación, autoconstrucción y clasificación de residuos, principal tarea desarrollada para el sustento. A medida que los predios ocupados vayan quedando libres, los espacios serán recuperados y en muchos construirán parques.
“¿Vivienda social? Oferta única, sólo en Uruguay”, decían los volantes que circulaban por el aire y luego aterrizaban para finalmente acumularse en el piso. “Cooperativa de tres dormitorios a sólo 8.130 UR [Unidades Reajustables] (¡220.000 dólares!) con cuotas accesibles de 16.837”, era una de las propuestas que ofrecía en forma simbólica el folleto impreso. En forma irónica reflejaban lo que muchas familias están viviendo.
Las cooperativas de propietarios de vivienda que Covipro-Ch agrupa desde 2001 se consolidaron en la década del noventa, en la previa a la crisis económica de 2002. Fue una época en la que también el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) estaba en crisis y peligraba su continuidad. La mala administración, el incremento de la Unidad Reajustable y acuerdos fraudulentos generaron que construir propiedades catalogadas como viviendas sociales, cuyo valor promediaba los 30.000 dólares, hoy haya aumentado a 220.000 dólares. Y que muchos cooperativistas hayan pagado cuotas durante 15 años y les resten otros 30 años para terminar de pagar.
Sergio Requet, presidente de Covipro-Ch, explicó a la diaria que a mediados de los 90 funcionaba “un sistema de cooperativa de viviendas bastante pervertido, y hubo mucha joda entre los Institutos de Asistencia Técnica, empresas constructoras y el BHU”. El banco otorgaba préstamos muy superiores a los que se necesitaba para las obras. Ese dinero no se invertía en la construcción y se tenía como resultado muchas viviendas de mala calidad y deudas millonarias, que no aparecían a primera vista sino que llegaban con los colgamentos o con el tiempo. Además participaban intermediarios que no representaban a ningún grupo cooperativo y luego venían las viviendas como propiedad horizontal.
Durante años, Covipro-Ch negoció pagos de deudas que resultaban impagables en período de crisis y poscrisis. “Durante mucho tiempo pagamos la mitad de la cuota, con la promesa por parte del BHU, de que algún día iba a construir una comisión que estudiara a fondo el valor de la vivienda, porque nos cobran por algo que no lo vale”, señaló.
Al asumir el primer gobierno frenteamplista empiezan a solucionarse aspectos administrativos. Entre otras cosas, se crea la Agencia Nacional de Vivienda, responsable de la cartera social de viviendas, mientras que en 2008 se firma un convenio entre el ministerio y Covipro-Ch con la “perspectiva de superar, en los próximos años, situaciones generadas durante décadas que afectaron a miles de uruguayos y sus hogares y, por cierto, también golpearon al sistema cooperativo de vivienda”. A partir de ese documento se refinanciaron pagos, intereses y subsidios, entre otras cosas. Asimismo se acordó que las personas siguieran pagando, pero que una comisión analizara el valor real de la deuda y de las viviendas sociales. Esa negociación se vio interrumpida días atrás cuando los socios de Covipro-Ch comenzaron a recibir cartas-cedulón en las que eran intimados a concurrir a la ANV, en un plazo máximo de 10 días, para regularizar el atraso de la deuda o el incumplimiento del pago. Y de no concurrir “se iniciarán las gestiones tendientes al remate extrajudicial del bien” o “titulares, codeudores y fiadores” de quienes no pagan “serán incluidos en el clearing de informes”.
Requet reconoció que algunos cooperativistas dejaron de pagar al no vislumbrar soluciones, en un panorama donde se gana más yendo a juicio que pagando, pero contó que algunos de los que recibieron el cedulón están abonando la deuda reacordada con el ministerio.
En la tarde de ayer, Gustavo López, secretario general de Covipro-Ch, fue recibido por funcionarios de la ANV (no por su director Carlos Mendive) y dijeron que los cedulones se emitieron “por el sistema informático” que es utilizado. Igualmente “dieron a entender que no había una dirección clara por parte del ministerio para resolver la situación”, detalló. “O sea, hay como una especie de teléfono descompuesto en media cuadra que hay de un organismo a otro”, puntualizó.
En ese momento se caminaron unos pasos rumbo al ministerio, donde esperaron para ser recibidos y poder entregar una carta destinada a la ministra Muslera. Allí detallaban los hechos y pedían suspender por 180 días cualquier tipo de ejecución, y la inmediata conformación de una comisión que estudie las situaciones particulares y analice a fondo cada una de las cuentas. La ministra no los recibió y según Requel “se escapó por la puerta del costado del ministerio”. Sí mantuvieron un diálogo informal con la directora Nacional de Vivienda, Lucía Etcheverry, quien se comprometió a que haya novedades entre hoy y mañana. la diaria no pudo comunicarse con la ministra ni con Mendive.
