Mucha agua ha corrido bajo el puente en los ochos meses transcurridos desde aquel primer procedimiento del 7 de abril en el asentamiento Chacarita de los Padres, al que sucedieron decenas con resultados diversos y repercusiones tan disímiles como una marcha protagonizada por grupos radicales -que terminó el 31 de mayo con serios incidentes frente al Ministerio del Interior (MI)- e insólitas declaraciones de prestigiosos actores sociales a favor o en contra. Que se les va la mano; que hace falta más mano dura; que son ilegítimos, ilegales, inhumanos; que detienen a delincuentes de poca monta; que se los retiene pero no se los procesa; que se filtra información en la interna policial para que los “pesados” se fuguen; que los policías no están capacitados; que se reprime a mujeres y a niños; y que al final “la joda” sigue igual son algunas de las críticas más repetidas a los dispositivos, que incluso llevaron a que el titular del MI, Eduardo Bonomi, tuviera que informar al Parlamento sobre la naturaleza y los cometidos de los operativos.
Ni una mención
El 26 de diciembre el MI puso a circular un video institucional en el que repasa los principales logros del año y nueve meses de gestión. Con la canción “Jijiji”, de Los Redonditos de Ricota, como telón de fondo, un locutor empieza a enumerar los objetivos alcanzados, acompañado por imágenes. Se repasa la actualización de la Escuela Nacional de Policía, la formación de las mesas de convivencia, la función del policía comunitario, la implementación de avances tecnológicos, la concreción del Centro de Comando Unificado, la reducción progresiva de horas 222 para los efectivos, entre otros hechos. Por otro lado, en el video se admite que el sistema carcelario “es una vergonzosa realidad” y se afirma que se está trabajando para solucionar el hacinamiento, destacando la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación. En ningún momento del audiovisual se mencionan los operativos de saturación.
Hay un punto que no acepta discusión y es que la llegada de estos despliegues a los barrios no pasa inadvertida. Imagínese que va a comprar pan y leche y cuando regresa se encuentra con cientos de policías, camionetas con perros, caballos, y hasta un helicóptero de la Fuerza Aérea Uruguaya sobrevolando la azotea de su casa. “Necesariamente tiene que cambiar el curso de lo que pasa en un barrio. Dejando de lado si son efectivos o no, producen un shock bien importante”, afirmó el economista Jorge Campanella, director de Infamilia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Sentimiento agridulce
la diaria recorrió dos barrios que fueron escenario de estos operativos: Chacarita de los Padres y Casavalle, en las inmediaciones de Aparicio Saravia y San Martín.
Varios años antes de la intervención del MI, en estos barrios se ha ido incrementando el trabajo social. Los planes Casavalle y Cuenca del Arroyo Carrasco revolucionaron ambos lugares y acercaron al Estado a estas zonas. Sin embargo, en ninguno de los ministerios consultados por la diaria supieron informar sobre la existencia de un proyecto, programa o cronograma que conjugue la acción de los operativos de saturación con el trabajo social. Sí se reconoció que en algunos casos estas incursiones aceleraron la puesta en marcha de políticas de tipo social.
Natalia Chiessa, supervisora de un centro de Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (Socat) que abarca la zona de Chacarita de los Padres, dijo a la diaria: “Nadie salió ileso del operativo. Algunos lo vieron como algo positivo; otros, como una cosa bastante embromada. Con algunos vecinos quizás eso pudo haber generado un poco más de rispidez pero en realidad para nosotros sirvió como un impulso para trabajar con las instituciones con que ya veníamos trabajando”.
Campanella coincidió con este aspecto: “Nunca se generó un protocolo: tal día, el MI va a tocar tales o cuales casas y después los trabajadores sociales llegan y actúan. Eso no pasó, pero en este barrio ocurrió el efecto acelerador que de hecho termina moviendo a las otras instituciones. Y eso no hubiera ocurrido si no hubiera existido el trabajo social anterior” en el lugar.
Según los datos sobre denuncias de hurtos y rapiñas de abril proporcionados por la Seccional 16ª, desde la realización del operativo en Chacarita de los Padres se redujo notoriamente el número de hurtos, que bajó de siete por día, en promedio, a cuatro. A su vez, se constató entre abril de 2010 y el mismo mes de 2011 una reducción de 23,5% en las rapiñas denunciadas en la seccional, de 115 a 88, mientras que en todas las seccionales de Montevideo la disminución fue de 19,1%.
Por otro lado, en el primer operativo de saturación hubo 38 detenidos y ninguno de ellos fue procesado por la Justicia. En ese entonces, Bonomi había señalado a la prensa que el éxito “no está en la comparación de los procesados con la cantidad de detenidos. El éxito está en que luego del procedimiento se mantenga una vigilancia y se mida si los delitos aumentaron o disminuyeron”.
En la recorrida por Chacarita de los Padres, la diaria recogió impresiones contrapuestas. Un hecho había sacudido el barrio escasos días antes: unos delincuentes habían prendido fuego la casa de una vecina porque indicó a la Policía dónde estaban instaladas las bocas de venta de droga. “La mujer quedó en la calle. Quiere decir que si yo veo que están asesinando o violando a alguien ahí, tengo que quedarme con los brazos cruzados: no salgo en defensa ni nada, porque si llamo a la Policía van a agredir a mi familia”, protestó Hugo, un padre de familia y obrero de la construcción.
Para él, el primer operativo de saturación dio resultado, aunque cuestionó el trabajo de inteligencia detrás del procedimiento. “Yo soy una persona común, de una familia común, nosotros de la Justicia no disparamos. Sabemos que la Policía hace su trabajo, está para reprimir en el momento en que tiene que reprimir. En el operativo detuvieron a varios delincuentes pero hubo bocas a las que ni siquiera entraron. Creo que la Policía tiene que trabajar mucho más el servicio de inteligencia, porque cuando andan los operativos cae el helicóptero y todos se fugan”, reflexionó. Julio, que hace 40 años que vive en el barrio, discrepó con Hugo. “A mi pobre hermana la surtieron a golpes cuando llegaba de trabajar. Para mí no sirvió de nada porque estaban todos sueltos. Barullo, nomás... No se calmó nada después”.
Una vez terminado el operativo en la zona, el MI estableció en Camino Maldonado, a escasos metros de la entrada a Chacarita de los Padres, una comisaría móvil. Algunos vecinos destacaron sus buenos resultados, al menos en la función de persuasión, aunque su intervención en el barrio es prácticamente nula. Los policías de esa garita explicaron a la diaria que cuando sucede un hecho de esas características es muy difícil dar respuesta inmediata porque en el barrio no son bien recibidos. “Nos han apedreado, nos insultan... Un policía solo no puede entrar al barrio, a lo sumo de a dos, pero para una acción puntual”.
En la zona de Casavalle también hay un sentimiento agridulce respecto de los operativos. Alejandro Andrada, concejal vecinal y responsable de la página www.casavalledigital.com, dio su visión acerca de estas intervenciones. “Creo que sirven hasta por ahí nomás, porque es cierto que por un lado la sensación de seguridad aumenta en algunos vecinos, pero la de inseguridad aumenta en otros. Se tranquilizó un poco la cosa, por lo menos en la calle. También te puedo decir que las raíces del problema no se tocaron con los megaoperativos. La gente que tenía boca de pasta base la sigue teniendo, la gente que tenía mal vivir lo sigue teniendo, pero, bueno, de repente los chiquilines, que son los afectados, o el adicto por ahí se cuidan más. Desde ese punto de vista se puede decir que mejoró un poco”.
Mirta, que atiende una mercería a pocas cuadras de Aparicio Saravia y San Martín, también se mostró contrariada. “Te digo sinceramente, estoy re contenta, está mucho más tranquilo. A largo plazo creo que va a funcionar. Lo que pasa es que tiene que ser más consecutivo, no tan esporádico. Pero, por otro lado, no sé cómo ni por qué, la joda sigue. Sabemos que los de esta zona son todos perros [delincuentes de poca monta]. Pero, ¿para qué está la Policía y para qué está el juez si al otro día andan sueltos?”.
Patricia Rodríguez, dirigente de la Unión de Sindicatos Policiales (Usip), concuerda con Mirta al considerar que los operativos en el fondo no cambian la realidad del barrio. “Para nosotros es a corto plazo el impacto que dejás, porque en realidad a la semana de que hiciste el operativo volvió todo a la normalidad. Nosotros no hemos acompañado eso porque vemos que la visión nos parece más politiquera: es mostrar qué hacemos y tomar medidas que le tapen el ojo al vecino”.
Otro integrante de la Usip, Richard Ferreira, es contrario a la firmeza con la que se reprime en estos procedimientos. “¿La idea es legitimar a la Policía como la fuerza del Estado? ¿Se gana el respeto con estos operativos? Para mí el respeto no se gana a prepo ni con fuerza, se gana de otra manera, pero son criterios ministeriales y aunque no los comparta los tengo que respetar. Como policía y dirigente sindical no los comparto. No creo que con la prepotencia ni la imposición se logren cosas”.
Para Bonomi, el balance al cabo de ocho meses es positivo. En diálogo con la diaria dijo que los operativos de saturación “son un instrumento que da resultado desde el punto de vista policial. Más allá de cómo lo miren a veces, de que se produzcan procesamientos o no, de que si los que se agarran son de primera línea o no, nosotros pensamos que los que están provocando mayor alarma a la población son precisamente los que están en los lugares donde se hacen los megaoperativos. Al cocinero de la esquina, al vecino, al jubilado no los están rapiñando ni matando en los puestos de narcotráfico. Por el contrario, los están rapiñando y lastimando los delincuentes de poca monta, entonces los operativos de saturación que se hacen buscan dificultar ese tipo de accionar, y de alguna manera lo logran”.
A la brasilera
Durante el año fueron varias las oportunidades en las que Bonomi señaló a la prensa el problema de la “resistencia organizada” y los “procesos de feudalización” que se dan en determinadas zonas del área metropolitana y el litoral, que consisten en “tratar de correr a la autoridad estatal”.
En una nota publicada en La República en agosto, el ministro sostuvo que “no se trata de que uno regionaliza el delito. La gran concentración de bocas de venta, sobre todo de pasta base, está en los barrios más carenciados. Las víctimas son personas carenciadas. No entiendo el análisis que dice que eso es estigmatizar. Si no se hacen los megaoperativos se está estigmatizando a la inmensa mayoría de la gente que vive en esos barrios. [...] Hay un hostigamiento que procura hacer retroceder la presencia del Estado y no queremos que eso suceda. No vamos a esperar que estén como en las favelas sino a tratar de cortar ya el proceso”.
También aseguró en esa ocasión que los operativos de saturación están pensados para promover la entrada posterior de otros ministerios: “Partimos de la base de que la salida de fondo al problema es la mejora social y económica, un cambio cultural civilizatorio”. Sin embargo, “la respuesta policial hay que darla y a su vez hay que dar otra respuesta, que es a mediano y largo plazo. La respuesta policial no soluciona el problema, achica las consecuencias. Lo que soluciona el problema son las políticas económicas y sociales, pero son más lentas”.
Ante una actividad delictiva abrasilerada, Bonomi detalló en diálogo con Radio 36 en mayo de este año una solución también inspirada en el país norteño. “Este procedimiento que la prensa llama megaoperativo, pero que nosotros no llamamos así, forma parte también de las políticas brasileñas con las que nosotros tenemos convenios firmados. Ellos tienen un programa que se llama Pronase [Programa Nacional de Seguridad con Ciudadanía] y es el intento de introducir al Estado en aquellos lugares en los que el problema está mucho más desarrollado que acá, que son las favelas”.
Más allá de que el programa se denomina Pronasci (Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía), la referencia era para el plan que en 2007 impulsó el Ministerio de Justicia brasileño. En la web de ese organismo se lo define como articulador “de políticas de seguridad con acciones sociales”, y se afirma que “prioriza la prevención y busca atacar las causas que llevan a la violencia, sin olvidar las estrategias de ordenamiento social y seguridad pública”. El Pronasci forma y entrena a policías jóvenes para desempeñarse en la Policía Pacificadora -similar a la Policía Comunitaria-. Con ellos llegan funcionarios nacionales y locales; se pavimenta, se recoge basura, se abren guarderías y policlínicas, entre otros servicios brindados por el Estado.
En abril se llevó a cabo el primer operativo en Montevideo. Al mes siguiente Bonomi comparó estas acciones, señaladas como interinstitucionales, con las del Pronasci, y en junio el MI fue incluido como parte del Gabinete Social, junto al Mides, Salud Pública (MSP), Economía (MEF), Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Educación y Cultura (MEC) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
En diálogo con este medio, el secretario de Estado afirmó que “se empieza a programar este tipo de actividades para que se coordinen las políticas que tienen que ver con seguridad y las sociales”.
Por su parte, Campanella, de Infamilia, consideró que la incorporación del MI debió haberse hecho antes. “Que se haya integrado hace tan poco tiempo termina mostrándote que teníamos una concepción de la seguridad que va por un lado y las políticas sociales por otro. Eso a nivel macro, y a nivel de los barrios también”. El titular del Mides, Daniel Olesker, había hecho referencia a la coordinación en los barrios entre la Policía y otros actores sociales en una nota publicada en Brecha a fines de julio. “No ha sucedido. El Ministerio del Interior se integró al Gabinete Social con ese objetivo. Es verdad que esa pata estaba floja, y el Gabinete está trabajando las políticas sociales en los lugares de mayor exclusión, donde algunos coinciden con los megaoperativos. […] No se coordinó, o se entendió que no eran los tiempos para hacerlo, tan inmediatamente”.
Tendencia
En diciembre el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) difundió su informe anual, en el que señala que la tendencia a la desaceleración en las denuncias de rapiñas era preexistente a la aplicación de los operativos. Para el informe escribió un artículo el sociólogo Rafael Paternain, ex director del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del MI. En su artículo critica que los adolescentes y los jóvenes “más postergados socioeconómicamente” sean “el blanco recurrente de la acción policial”, y agregó que eso se da como consecuencia de un “consenso conservador” que considera que ellos son los “protagonistas de la violencia y criminalidad”.
Consultado al respecto, Bonomi expresó que “los resultados serán desalentadores para los que esperaban otra cosa. Nosotros pretendemos dificultar y modificar el tipo de comportamiento que están teniendo los delincuentes y creo que lo estamos logrando”.
