Investigación del caso de los enfermeros prosigue por vías judiciales y administrativas

El domingo 18 de marzo la opinión pública se vio conmovida al conocerse los primeros detalles de una situación sin precedentes en el sistema sanitario y judicial. Es la primera vez que dos personas cometen 15 asesinatos seriales -sin considerar los crímenes ocurridos en dictadura-, y las repercusiones no se hicieron esperar. El caso de los enfermeros ocupó los minutos centrales de la mayoría de los informativos y las tapas y páginas centrales de las publicaciones de prensa desde ese día.

El hecho que desencadenó la investigación judicial ocurrió el 12 de marzo con la dudosa muerte de Gladys Lemos, una paciente del Hospital Maciel. Marcelo Pereira, enfermero en la Unidad Coronaria de ese centro de salud, quien trabajaba además en la Asociación Española, ya era observado con desconfianza por sus compañeros; el fallecimiento de Lemos confirmó las sospechas. El auto de procesamiento dictado por el juez Rolando Vomero señala que Lemos, quien padecía de diabetes, había sido dada de alta, pero sufrió una descompensación que hizo que fuera derivada a la Unidad Coronaria. Allí fue atendida por Pereira, quien dijo que la paciente se encontraba con una “hipotensión importante” y con trabajo respiratorio. Según él, trató de hablar con Lemos, pero la paciente no se ubicaba en tiempo y espacio. Decidió aplicarle morfina “con el objetivo de sedarla” e indicó que recuerda haberla escuchado roncar, antes de proseguir con la ronda de controles de pacientes que le había sido encomendada. Lemos sufrió un paro respiratorio y falleció tras llamar al doctor, que no tuvo éxito al intentar reanimarla. Pereira participó en esa acción pero en ningún momento dijo que le había inyectado morfina.

Una de las enfermeras que se desempeña en la Unidad Coronaria declaró que Pereira es una persona “menos diez” para el oficio y que “nunca hace nada”, pero que ese día había llegado de mal humor por un problema con una computadora y ofreció hacerse cargo del control rutinario. Una fuente de la investigación consultada por la diaria señaló que en el caso de Pereira su estado de ánimo influía notoriamente en sus acciones criminales. A partir del comentario del enfermero de que en la Asociación Española “se mataba a determinados pacientes”, sus compañeros comenzaron a desconfiar, y sumado a que mostraba una actitud sospechosa con este tipo de casos, tras la muerte de Lemos, lo denunciaron.

Al momento de brindar declaraciones, Pereira admitió haber actuado de manera similar anteriormente, aportando datos concretos de cinco casos. Cuando fue detenido, la Justicia encontró un mensaje en su teléfono celular que incriminó a otras dos personas. Se trata de Ariel Acevedo y Andrea Acosta, compañeros de Pereira en la Asociación Española. El mensaje de texto había sido enviado por esta última y decía que una medicación ya había sido suministrada por Acevedo a un paciente, y que en ese momento lo estaban reanimando. Es así que, si bien la Justicia no encontró elementos que hablaran de coordinación en el accionar de ambos enfermeros, sí se supo que existía un conocimiento en sus accionares y que contaban con la complicidad de Acosta. Acevedo reconoció haber hecho lo mismo con diez personas, aunque tampoco pudo establecer desde cuándo.

Ambos funcionarios tenían formas distintas de matar. Mientras Pereira utilizaba morfina y Dormicum -depresores del sistema nervioso que pueden llegar a producir la muerte-, Acevedo les inyectaba aire. Sin embargo, los dos dijeron actuar por compasión y ante casos en los que la muerte era irreversible, argumento que fue desestimado en la investigación. El Código Penal establece en su artículo 37 que los jueces pueden exonerar de castigo a quienes hayan matado por motivos de piedad, ante la reiterada petición de la víctima. El propio ejemplo de Lemos es un caso en el que la paciente, si bien estaba en tratamiento y había sufrido una descompensación, no era una paciente terminal. Otro argumento que hasta el momento han manejado las defensas de los procesados es la falta de solidez mental de sus clientes. Pero hasta el momento las pericias psiquiátricas que se les practicaron indican que son “sanamente” imputables.

Hacia dónde va

Según la fuente consultada, la Justicia ha manejado las hipótesis de contacto de los asesinos con redes de tráficos de órganos e incluso algún posible vínculo con empresas fúnebres, pero si bien ninguna de ellas está descartada, todo hace indicar que actuaban individualmente. La fuente también estimó que hasta después de Semana de Turismo no habrá novedades en el expediente.

El juez Vomero hizo caso al pedido del fiscal Diego Pérez para la exhumación de los demás cuerpos que fueron identificados como víctimas, y se conformó una Junta Médica para estudiar las historias clínicas de estos casos y de otros que surjan, así como disponer de la exhumación, si correspondiera. Los tres médicos que la integran aún no fueron notificados formalmente de su designación. Cuando la notificación ocurra -se espera que pueda darse en las próximas horas- y los médicos conozcan “con exactitud el objeto de la pericia”, determinarán la metodología de trabajo. Según la resolución de Vomero, la Junta tiene a su vez la potestad de designar en cada caso un médico especialista de las patologías que sufrían las víctimas. Los integrantes de la Junta necesariamente serán docentes grado 5 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Los cadáveres se exhumarán una vez que se expida la Junta Médica, excepto que ésta no lo considere necesario.

Por su parte, se siguen aguardando las investigaciones administrativas iniciadas en el Hospital Maciel. Una de ellas está a cargo del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la otra de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE). El MSP resolvió la semana pasada ampliar la investigación a todo el Hospital Maciel, más allá de la Unidad Coronaria, luego de que el titular de la cartera, Jorge Venegas, visitara a familiares de Gladys Lemos y se interiorizara de la atención recibida por la paciente en el centro de salud. Lo que se busca con las investigaciones administrativas es determinar si se pudo haber evitado muertes a partir de la toma de decisiones de las autoridades correspondientes.

En el caso de la Asociación Española, también se efectuó una investigación administrativa que, según señaló el subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, al Portal 180, arrojó fallas en el control de los medicamentos en la mutualista. En diálogo con la diaria, el vocero del grupo de usuarios de esa mutualista, Fernando Carota, comentó que su grupo no tiene relación con el directorio, pero sí con la gerencia general, con la que se reunieron el martes 20 y volverán a hacerlo el viernes. Los usuarios pretenden que se les informe de lo que se está haciendo para subsanar lo ocurrido y acerca del resultado de la pesquisa interna.

Carota cuestionó la comunicación que el directorio está teniendo hasta el momento con los socios, a la que calificó como “crítica”. El vocero indicó que llevaron propuestas al gerente general, Julio Martínez, para contribuir a la transparencia y transmitir tranquilidad, y que al movimiento le preocupa no haber recibido respuesta.

Las nuevas denuncias

Todavía no está claro cómo procederá la Justicia con respecto a las denuncias de posibles nuevos casos de acción de los enfermeros, por su cantidad y la destinación de tiempo y recursos que significa. Según dijo el presidente del Movimiento de Salud para Todos, Ruben Bouvier, a El Espectador, la organización convocó a 150 familiares de personas fallecidas que solicitaron por escrito el deseo de que se analicen las muertes, y cerca de 500 personas se comunicaron con el movimiento por consultas telefónicas o personales.

En el caso de la Asociación Española, Carota informó que a partir de que el grupo tuvo visibilidad en los medios recepcionaron cuatro casos de nuevas muertes dudosas, por intermedio de familiares que se contactaron con ellos, los cuales están tratando de canalizar por la vía judicial. Con respecto a los familiares de víctimas que fueron notificados, el vocero indicó que su organización mantuvo algunas reuniones con ellos. Consultado acerca de la forma en que se dio dicha notificación, señaló que los familiares le transmitieron que no fue inmediatamente sino en forma paulatina. Carota añadió que, como mínimo, fueron realizadas a mitad de la semana pasada. Si bien señaló que en alguno de los casos la noticia tomó por sorpresa a la familia, en otros ya existía la sospecha por las informaciones manejadas en la prensa, y la confirmación generó “una profunda desazón”.

Carota confirmó a la diaria que pidieron una entrevista al presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis Gallo, con el objetivo de proponerle que se abra el corralito mutual para todos los socios de la mutualista, y se conforme una comisión que estudie cada solicitud. El vocero considera que lo hecho al respecto “no es ninguna medida nueva”, debido a que la posibilidad de los usuarios de cambiar de servicio de salud por desconfianza ya está establecida. “Nos parece raro que el cambio sólo se les propusiera a familiares de víctimas y a quienes están internados en el CTI; un paciente en un CTI no puede estar pensando en cambiarse de mutualista”, opinó.