Tanto María como Damiana, ambas madres de familia que vivieron en la ex cooperativa médica, se mudarán hoy a la pensión social de la calle Durazno. Previamente firmaron un contrato con reglas de convivencia en el que, entre otras cosas, se acuerda que deberán aportar dinero para pagar la luz, el gas y el agua, y cada familia será responsable de sus propios alimentos. Asimismo, harán un aporte para la limpieza del edificio, aunque también deberán colaborar en forma activa en la tarea. En principio, su período de permanencia en la pensión será de dos años. En el mejor de los casos podrán mudarse antes, una vez que resuelvan tanto su situación de vivienda como laboral. Para ello contarán con apoyo técnico ofrecido por las diversas instituciones que participan en el convenio: el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Intendencia de Montevideo (IM), el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría del Vecino de Montevideo.
Ayer, a las 13.00, tuvo lugar la inauguración. Mientras las autoridades recorrían las habitaciones de la pensión, Damiana se ubicó en la que desde hoy será su pieza y con su hijo más chico en brazos y con los dos más grandes corriendo a su alrededor, dijo a la diaria: “Ésta y la de al lado van a ser nuestras piezas”. Contó que desde que clausuraron y tiraron abajo el edificio de Comaec pasó a vivir en una pensión también financiada con ayuda estatal. Antes vivía en el último piso del edificio ocupado, por lo que casi nunca se enteraba de lo que sucedía en los pisos de más abajo y en los alrededores del predio. Cuando la Policía ingresaba a allanar el edificio se ponía al tanto de los problemas que causaban algunos de los ocupantes en el barrio.
María, quien recomendó a Damiana que se fuera a vivir al edificio de la Comaec, no pudo hacer un discurso muy extendido cuando recibió la llave de su pieza porque la invadió la emoción. Valoró tener una nueva oportunidad. “La tuve una vez y como yo no sabía ciertas reglas no supe aprovecharla”, resumió.
Vivir la experiencia
Jorge Ferrando, director de INAU, dijo en relación al proyecto: “Es algo muy pequeño porque si uno piensa en la cantidad de familias que pueden estar en situaciones similares, es apenas un primer paso que ojalá podamos ir extendiendo”. A este punto se refirió el defensor del vecino, Fernando Rodríguez, en su discurso. Puntualizó que de las 500 viviendas ocupadas en Montevideo 250 están en una situación complicada, “tanto a la interna de la propiedad como hacia afuera”.
Ferrando no descartó la posibilidad de crear nuevas pensiones sociales, sin embargo, es necesario atravesar la experiencia para luego tomar decisiones. “Obviamente, cuanto más positiva sea, más posibilidades habrá de multiplicarla”, puntualizó.
Por su parte, Noemí Alonso, directora de la División Tierras y Hábitat de la IM, explicó que la pensión es propiedad de la intendencia y ya se han desarrollado experiencias similares pero con familias que ocupaban edificios de la comuna. En diálogo con la diaria resumió la importancia de buscar soluciones de vivienda para las familias más vulnerables. “Cuando nosotros, como ciudadanos, pretendemos vivir bien y que alrededor todos los ciudadanos vivan bien, creo que darles una solución a estas familias es una obligación, no es ni siquiera un acto de generosidad, porque indudablemente nosotros tuvimos otras posibilidades que las que tuvo esta gente. Entonces hay que apoyarlos; apoyarlos, no darles todo”, afirmó.