La agenda durante el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer fue extensa y variada. En las propuestas oficiales primaron los datos y las rendiciones de cuentas. En tanto, desde las organizaciones de la sociedad civil las intervenciones se volcaron más bien hacia lo artístico y la reflexión. La más destacada, por la cantidad de gente que convocó, fue la intervención de Mujeres de Negro, que desde mucho antes de llegado el día anunciaban: “No se suspende por lluvia”. Mujeres y familias marcharon en silencio por 18 de Julio desde la plaza Independencia hacia la Intendencia de Montevideo, mientras que “jóvenes de diferentes estratos sociales e ideales; estudiantes, obreros y activistas de diferentes sitios” lo hicieron desde la explanada de la Universidad de la República, también hacia la comuna.
Tarea compartida
La cifra que más resonó fue la de 27 mujeres muertas por esta causa en Uruguay en lo que va del año, un número que por momentos parecía muy alto teniendo en cuenta la lista de acciones que detallaron las autoridades nacionales durante la rendición de cuentas del Consejo Consultivo y del Sipiav.
Al pie
Aunque los equipos técnicos del Ministerio del Interior no han hecho una evaluación formal de la implementación de las tobilleras electrónicas, porque aún no se cumplió un año de su utilización, Marisa Lindner, directora de Políticas de Género del organismo, indicó que se tiene “una valoración altamente positiva porque la tecnología cumplió con el objetivo para el que estaba encomendada”. Desde el 1º de febrero hasta el 21 de noviembre se colocaron 77 dispositivos electrónicos, de los cuales 42 están operativos.
Por otra parte, se conocieron datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. En los primeros diez meses del año se registraron 68 denuncias por violencia doméstica diarias (una cada 21 minutos). La cifra implica un incremento de 5% respecto del año pasado, al tiempo que da cuenta de las mejoras en la captación y el registro de las situaciones. Además, durante los últimos 12 meses en todo el país fueron asesinadas 51 mujeres, 49% a manos de sus parejas o ex parejas.
La exposición estuvo a cargo de Beatriz Ramírez, del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (Mides); Javier Salsamendi, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU); Susana Muñiz, ministra de Salud Pública; y el titular del Mides, Daniel Olesker. Prácticamente sin salirse del guion, leyeron una amplia lista de iniciativas y programas que se están llevando a cabo. Revisión de protocolos, propuestas legislativas de actualización de normas vigentes y elaboración de guías de consulta y de orientación fueron algunas de las tantas acciones que se mencionaron.
Durante su exposición Salsamendi reflexionó sobre la complejidad que implican los cambios culturales, pero en seguida volvió al tema por el que había sido convocado: la rendición de cuentas. Entre otras cosas, señaló que desde el 1º de enero hasta el 24 de octubre, entre las medidas implementadas hacia un país libre de violencia de género en el plan Estrategia por la Vida y la Convivencia, brindaron atención a 785 niños y adolescentes. Además, capacitaron a unos 150 operadores responsables de asistir a esos niños y adolescentes que están expuestos a situaciones de violencia.
Todos los oradores destacaron la importancia del trabajo interinstitucional y de la capacitación de los equipos técnicos de todo el país para que dispongan de herramientas y autonomía para trabajar en los distintos territorios. Muñiz se refirió a este punto a partir de los resultados obtenidos mediante la primera encuesta de prevalencia en violencia doméstica a la población asistida en los servicios de salud. Comenzó explicando que entre noviembre de 2012 y enero de este año fueron consultadas unas 1.200 mujeres de 15 años en adelante que concurrieron a los servicios de salud públicos y privados en localidades de más de 5.000 habitantes. De la encuesta se desprende que 27,7% había sufrido violencia doméstica en el último año. A su vez, 6,3% señaló haber sufrido violencia física y 6,2% haber sido víctima de violencia sexual. La ministra comentó que 34% de las mujeres que declararon ser víctimas de violencia doméstica viven en la zona de frontera cercana a Brasil. “Es ahí donde se están reforzando las acciones y colocando más equipos de referencia”, destacó. Los equipos técnicos territoriales cumplen un rol fundamental, de ahí la importancia de la capacitación y de la delegación de responsabilidades, tanto en el ámbito público como en el privado.
Además, según revela la encuesta, siete de cada diez mujeres declaró vivir con su agresor, mientras que en ocho de cada diez casos el agresor fue varón. En 60% de los casos el agresor fue la pareja actual o ex pareja de la mujer. El 14% de las situaciones de violencia doméstica tuvo lugar cuando la mujer estaba embarazada.
Finalmente, Olesker se encargó de retomar la idea que Salsamendi evitó ampliar, respaldado por el argumento de que todos sus antecesores habían hablado de las “muchas medidas ya encaminadas”. Indicó que en la actualidad “la oferta de los servicios crece mucho más lento que la demanda”. Consideró que se trataba de una demanda invisibilizada que estaba “sin respuesta”, a la que se le sumaron nuevas demandas, porque “frente a la eventualidad de una respuesta hay un aumento de la denuncia”. Dicha respuesta debe dar soluciones no sólo a los efectos de la violencia sino también a las causas.
Por otra parte, se refirió a la prosperidad económica que está viviendo el país, hecho que podría haber revertido las situaciones de violencia intrafamiliar; pero se trata de una mejora que mantuvo ciertos niveles de desigualdad, y, justamente, “la desigualdad genera violencia”, señaló.
Por último, analizó sobre la falta de presupuesto específico asignado para hacer frente al problema. Al igual que Muñiz y Salsamendi consideró que es un desafío que queda planteado para futuros gobiernos. Mientras tanto, los programas sociales de formación y trabajo que implementa el Mides en forma continua seguirán siendo los ámbitos principales para detectar casos de vulnerabilidad en la materia.
