“Esto fue un largo proceso desde el 26 de noviembre cuando se les comunicó a las familias la decisión de relocalización y la posterior demolición del edificio. Se fue convocando por medio de un equipo multidisciplinario y se respetaron todos los derechos que los vecinos tenían en relación con su vínculo jurídico con el inmueble. Esto fue una decisión que no se tomó ligeramente, que tiene mucho respaldo técnico”, aseguró Fynn durante la conferencia de prensa convocada ayer por la ANV.
De las 96 familias que viven en el edificio, la presidenta de la agencia explicó: “90 ya han acordado voluntariamente con la ANV una solución habitacional y de los seis restantes, tres están buscando alguna solución y con los otros tres no es fácil llegar a un acuerdo”.
Por otra parte, dijo que se ha puesto en la polémica pública si el complejo se cae o no se cae y aseguró que el edificio tiene riesgo de colapsar. “La declaratoria de inminente colapso es porque tiene un estado de deterioro que no tiene retroceso; puede colapsar por paneles o por piezas. Estamos anticipándonos a un problema con una política pública, con todos los organismos competentes que tienen vínculo con este tema: el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección Nacional de Bomberos”, señaló.
Consultada sobre si todos los vecinos optaron por quedarse en Barrio Sur, Fynn dijo que de las familias que tuvieron la oportunidad de elegir vivienda en el mercado no todas decidieron quedarse en el barrio, incluso algunas cambiaron de departamento. “Luego tenemos los que en situación irregular igual tienen una solución de vivienda, tienen la posibilidad de elegir dentro de una cartera amplia en áreas intermedias de la ciudad. No estamos hablando de la periferia”, agregó.
En relación al recurso judicial presentado por 15 familias del CH 20 para la aplicación de medidas cautelares de no innovación para frenar el realojo, dijo que la ANV contestó el viernes pasado y la jueza se declaró incompetente, transfiriendo el caso a otro juez. “No tenemos ningún impedimento judicial para seguir adelante con la relocalización. En tanto la Justicia no se expida vamos a seguir trabajando para proteger la vida de la gente”, explicó y agregó que de las 15 familias que presentaron el recurso, 14 ya arreglaron una solución habitacional.
La presidenta de la ANV dijo que se está trabajando “para que al 31 de marzo no quede ninguna familia en el CH 20”. Según informó, ya se realizó un llamado a licitación para la demolición del edificio, al que se presentaron seis empresas, y se está en proceso de selección. Además aseguró que “no se van a construir viviendas en ese lugar”.
“Este complejo y esta relocalización va a marcar un antes y un después con un stock habitacional deteriorado y [del cual] el Estado va a tener que hacerse cargo”, consideró.
En consideración
Consultada por la diaria sobre la posibilidad de pedir un informe técnico a la Universidad de la República, tal como reclamaban los vecinos, para que laude sobre el estado del edificio, Fynn respondió: “Para tomar la decisión nosotros tuvimos todos los respaldos técnicos y éstos tienen mucho fundamento. También hay respaldos sociales y políticos. Está descartado un tercer informe”.
Respecto al estudio con esclerómetro realizado por la arquitecta Norma Pérez Noble, hija del constructor del edificio, que determinó una buena resistencia del hormigón, la titular de la ANV dijo que “el esclerómetro -para que se entienda fácilmente- funciona como dijo el ministro [de Vivienda, Francisco Beltrame] en la interpelación [convocada el 4 de febrero en la Comisión Permanente por el diputado Iván Posada]: ‘es como diagnosticar osteoporosis con un termómetro’”, y agregó que la postura de los hermanos Pérez Noble “es muy interesada en alguna medida; nadie cuestiona el sistema [de construcción], pero creo que confunden”.
El arquitecto Ariel Beltrand, integrante de la ANV del plan de gestión de relocalización del CH 20, explicó a la diaria que el esclerómetro consiste en “un ensayo parcial por el tipo de sistema prefabricado, no verifica el estado de las uniones entre los paneles, que es lo que está oculto, que es donde se concentra el riesgo de acuerdo al informe de los técnicos. No es un ensayo que de por sí pueda dar una información completa sobre una situación estructural, que es más compleja”. Carlos Pires, que también integra el plan de gestión, agregó que el riesgo de colapso estaba en tres partes: en los pilares, en las planchas de hormigón sobre la planta baja y en los 3.000 metros cuadrados de paneles prefabricados que hay en la fachada, que es lo que se desgrana y se cae.
El contador Gustavo Marton, gerente general de la ANV, agregó: “La falta de mantenimiento durante varias décadas y la ubicación del edificio ha generado un deterioro progresivo y no sólo refiere a la afectación de la resistencia del hormigón, sino que ha trabajado sobre el acero, sobre las armaduras, y entonces ahí es donde aparecen los problemas”. El gerente de la división mercado de la ANV, Gerardo Calvar, dijo: “Ya teníamos problemas en el CH 20: varios hogares en una vivienda de un dormitorio, entonces esto no sólo está operando el realojo en concreto, sino también la mejora en la vida de esa gente”.