Al analizar lo que ocurre en torno al mercado de residuos y su reciclaje es frecuente la referencia a “mafias” y prácticas alejadas de la legalidad, siempre en perjuicio del lado más débil de la cadena: los clasificadores. Justamente, los clasificadores que, en la informalidad, salen a diario con sus carros o bolsas a recoger residuos están en un extremo de la cadena. En el otro se encuentran las empresas que reciclan, venden y exportan su producción. En el medio, una serie de intermediarios formales e informales, llamados depósitos, que compran a los clasificadores la materia prima y la venden a las empresas para su tratamiento.

El director de Limpieza de la Intendencia de Montevideo (IM), Néstor Campal, estuvo en una charla organizada por el grupo de investigación que desarrolló el proyecto “Más allá de la basura”, integrado por docentes del Servicio Central de Extensión de la Universidad de la República. El proyecto estudió la gestión de residuos, en particular, el rol que ocupan los clasificadores en ella, con el objetivo de generar debate entre los actores implicados. Con ese fin, los docentes organizaron una serie de charlas. En la del jueves, destinada a debatir sobre la cadena económica que se genera en torno a los residuos, Campal señaló que el problema no se limita a la existencia de un explotado y un explotador, sino que “está absolutamente claro que hay una cadena de lavado de dinero”.

Según evaluó el jerarca, el crecimiento de los precios del material reciclable -y, por lo tanto, también de los ingresos de los clasificadores- se debe en parte a que cuando baja el número de clasificadores “aumenta la necesidad de adquirir materia prima para poder lavar dinero”. Campal señaló que en cualquier depósito de Montevideo que se dedica a la compra de metales el precio del plomo es superior al internacional; es el caso, en particular, del cobre. El jerarca se preguntó cómo ocurre eso “en un país que no tiene industria” y que casi no utiliza la plomería porque se hace todo en plástico. También cuestionó cómo se hace para pagar el kilo de plomo más caro de lo que después se exporta. “¿Cuál es el motivo? ¿Regalarle plata a alguien? Un elemento es la explotación directa, por la diferencia de precio por lo que adquiero y lo que vendo; un segundo elemento, que probablemente en los últimos diez años esté en crecimiento, es que yo puedo comprarle al clasificador sin boleta y vender luego a la industria y hacerle una boleta para hacer genuino el capital que tengo. Por lo tanto, es uno de los elementos que tenemos que incluir y conocer para conocer las fuerzas a las que nos enfrentamos para modificar la realidad del país”, señaló Campal.

Tema de muchos

Campal sostuvo que no es cierto que la IM tiene un monopolio y establece las reglas del mercado de los residuos. Para fundamentarlo contó que, “después de varias peleas bastante duras”, hace cinco años logró que la Junta Departamental votara la colocación de un impuesto de 10 centésimos para cada envase de plástico que se produzca en Montevideo. Pero según dijo, la norma no se pudo cumplir “porque la IM no tiene potestad para intervenir en el comercio”. “Por lo tanto, echarle la culpa a la IM de que no regula o no define la cadena intermediaria es una verdad a medias, porque el comercio de Montevideo no lo regula la IM, sino el Ministerio de Economía y Finanzas. Los impuestos los deben pagar los que están en el medio de la cadena productiva, sobre todo aquellos que están más al final, ya en la formalidad”, indicó.

Campal sostuvo que después de dos años de trabajar en conjunto con la Dirección General Impositiva (DGI) logró que se duplicara el valor del impuesto que los depósitos formales de residuos tenían que pagar. A partir de esas conversaciones con la DGI se estimó que el negocio en el que participan clasificadores, depósitos y empresas recicladoras mueve por lo menos 180 millones de dólares anuales. Campal dijo que el mercado debe mover aun más, porque Montevideo es consumidor de 60% o 70% del plástico que importa el país, que en dinero es mayor que las importaciones de combustible. Si de ese plástico se recupera 15% -un valor “muy conservador”-, sólo con eso se supera la cifra de los 180 millones, afirmó el jerarca.

Campal también presentó cifras de la generación y el tratamiento de residuos en la capital del país. Explicó que el año pasado ingresaron 850.000 toneladas de basura a la usina de disposición final de residuos de Felipe Cardoso, 550.000 de las cuales fueron producidas por los hogares montevideanos. 69% del total de residuos domiciliarios llegó a la usina por recolección de la IM: 259.000 toneladas por el sistema de contenedores y 113.000 por otros sistemas de recolección. En 2015, dijo, el sistema de contenedores fue ampliado y alcanzó a 90% de la ciudad. 41% de los residuos que entran a la usina son orgánicos, y le siguen las categorías cartón y papel con 22% y plástico con 15,84%.

De la planta

Con respecto a las acciones destinadas a la mejora en la calidad del trabajo de los clasificadores, Campal destacó que se trabaja con un sistema de recolección selectiva en 100 edificios, en 150 supermercados a los que las personas pueden ir a dejar envases y en dos municipios con lugares para llevar residuos reciclables en la vía pública. También nombró las cuatro plantas de clasificación, que ocupan a 128 trabajadores que se benefician de las políticas de recolección selectiva. En las plantas los clasificadores trabajan 40 horas semanales y perciben un salario mínimo nacional más un porcentaje de acuerdo con las ventas. En promedio, ingresan a las plantas tres toneladas diarias de residuos preclasificados, de los que finalmente se termina vendiendo en el entorno de 40%.

El economista Martín Sanguinetti, integrante del proyecto de investigación, señaló que, pese a que 51% de los residuos de la ciudad son recuperables, de ese porcentaje sólo se termina reciclando 29%. Además, según los resultados del proyecto, se plantea que los clasificadores recogen 15% del total de residuos que se generan en la ciudad, lo que supone un ahorro para la IM de cinco millones de dólares al año. Pese a las cifras millonarias que se manejan en el lado formal de la cadena, según los cálculos del equipo de investigación, en 2014 el ingreso promedio de un clasificador que trabaja en la calle fue de 5.729 pesos. En total, estos trabajadores que se desempeñan en la informalidad vendieron 5.000 toneladas por mes.

Con respecto a las empresas del sector formal de la cadena, los investigadores estiman que en una rama de actividad que requiere baja inversión la ganancia es de 61% del valor generado, cuando el promedio de la industria supera apenas el 50%. Sanguinetti explicó que las empresas que participan directamente en el proceso son pocas y tienen “mucho poder de incidir en los precios”. A partir de la aplicación de la Ley de Envases, también intervienen en la cadena las empresas que colocan envases no retornables en el mercado, que realizan un aporte a un fideicomiso y controlan la aplicación de la ley, instancia en la que no participan los clasificadores.

Alternativas

Jorge Ramada, integrante de la comisión de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, entendió que el valor de los residuos se genera en el trabajo de recolección que hacen los clasificadores, pero señaló que los que se enriquecen son los depósitos, que compran la materia prima a los clasificadores, y también las empresas recicladoras, que les compran a los depósitos. Ramada criticó que el paradigma de la gestión de residuos en Montevideo sea “mezclar y enterrar” -entre otras cosas, porque es “funcional a la explotación”- y recordó una propuesta que el PIT-CNT hizo, hace años, para que los clasificadores también participen en la generación de valor de los residuos.

Sostuvo que debería haber una “política agresiva y sostenida” para fomentar la clasificación de residuos en los domicilios. Propuso que las plantas de clasificación sean más grandes que las actuales y que también incluyan herramientas para la generación de valor adicional, lo que les permitiría volverse parte de la industria. Ramada planteó que si se fijara una tasa de un peso por envase producido, habría dinero suficiente para emplear a 5.000 clasificadores y pagarles un salario de 20.000 pesos por mes. El sindicalista criticó a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que hace cinco años llamó a una comisión sectorial para la elaboración de una ley nacional de residuos, pero dejó trunca esa discusión.

En el espacio destinado a las intervenciones del público, una persona planteó que en Uruguay hay una “mafia del metal”, que “negocia con un revólver arriba de la mesa” y de esa forma define “quién compra y quién no”. Otro participante planteó que la IM define cómo se clasifica y se recolecta y que con las políticas actuales “está entregando millones a las empresas y los narcos”.