Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Con 158 casos de contagio de Covid-19 en seis departamentos, en su mayoría leves y que requieren cuidados intensivos sólo para una persona, hay dos demandas públicas crecientes dirigidas al Poder Ejecutivo, que por el momento no las ha aceptado pero tampoco descartado.
Por un lado se expresan –con más o menos argumentos– los convencidos de que urge imponer una cuarentena general obligatoria, como se ha hecho en Argentina y en varios otros países. Al mismo tiempo, el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones de la sociedad civil reclaman medidas adicionales para mitigar los impactos económicos y sociales de la emergencia, y van aumentando el nivel de elaboración y detalle de esos planteos. En el caso del FA, se agrega la propuesta de que procurar un “gran acuerdo nacional” para afrontar la crisis, entre representantes de partidos, organizaciones sociales e instituciones académicas. Hasta ahora, las autoridades no han respondido a esa iniciativa, y mantienen una práctica de relación sin intermediarios entre el Poder Ejecutivo y la población, bastante disgregada por el distanciamiento social.
Sin embargo, las diferencias de enfoque sobre la importancia del aislamiento se manifiestan incluso dentro del Ejecutivo. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, afirmó el viernes 20 que la reiterada recomendación de “evitar las aglomeraciones” no equivale a prescribir que las personas queden confinadas. En esa línea, expresó que quienes “están saludables y no tienen ningún síntoma, ni han estado en contacto con ningún caso sospechoso o positivo”, pueden “circular al aire libre o hacer una actividad de esparcimiento”, si se mantienen a una distancia prudente de otras personas. Por el contrario, otros integrantes del Consejo de Ministros, así como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, prefirieron enfatizar la exhortación a no salir salvo que sea imprescindible.
En el trasfondo de estas diferencias hay más de una cuestión relevante. La cuarentena general es recomendada por el Sindicato Médico del Uruguay, con apoyo de varias sociedades científicas, y esto último es lo más importante, porque la directiva de un gremio médico no es necesariamente la opinión técnica más autorizada. Pero la política debe articular –muy especialmente desde el Estado– respuestas integrales, y no tener en cuenta sólo la necesidad de evitar que los dispositivos sanitarios se vean desbordados, sino también los impactos económicos y sociales que tendría una amplia paralización de actividades. Aunque pensemos que “la salud es lo primero”, claramente no es lo único.
En parte de la población está incidiendo, probablemente, la dificultad de mantener un razonamiento con matices en estos tiempos de crisis, que movilizan temores y ansiedades. Todo sería más fácil si la solución dependiera sólo de salir o no salir a la calle, pero la realidad es mucho más compleja. Quizá hay también quienes piensan que en estos momentos lo único eficaz es imponer consignas muy simples, y desconfiar de la capacidad de cada persona para comportarse con inteligencia y sensatez.
Hasta mañana.