Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El cruce de opiniones sobre una eventual cuarentena general obligatoria subió de nivel ayer, al tiempo que la demanda de medidas adicionales para paliar los efectos de la crisis aumentó su intensidad, con la convocatoria de la Intersocial –integrada por el PIT-CNT y otras organizaciones sociales– a un caceroleo y apagón mañana.
El ex presidente Tabaré Vázquez salió a dar su opinión favorable a la cuarentena general, y su sucesor, Luis Lacalle Pou, expresó argumentos para no adoptarla. A la vez, se debilitó la idea de que “los médicos” en general consideran necesaria esa decisión gubernamental, ya que tomaron distancia del reclamo las sociedades de emergencistas y de administración de salud.
Lacalle Pou, tras informar que ayer se confirmaron sólo cuatro nuevos diagnósticos de Covid-19, instó a no descuidar las precauciones y anunció que la Policía va a “intensificar la exhortación al aislamiento social”, ya que “todavía tenemos algunos uruguayos que concurren a lugares en los cuales se producen aglomeraciones”. Sin embargo, cuando fue consultado sobre la cuarentena general, alegó que, si se impusiera, quienes la incumplieran podrían incurrir en el delito de desacato (que tiene pena de prisión), aunque salieran a la calle para sobrevivir día a día.
Por supuesto, en la posición del Ejecutivo inciden también otros motivos, ya expuestos por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Aumentar de ese modo la paralización de actividades tendría consecuencias económicas graves y, por ende, causaría problemas sociales muy difíciles de resolver. Lacalle Pou prefirió ayer hablar sólo de la situación de personas especialmente vulnerables, en forma efectista, al igual que cuando dijo que no está “haciendo política, sino gobernando”, lo cual es “una responsabilidad superior”.
No sabemos si aludía sólo a Vázquez o también –menos directamente– a Guido Manini Ríos, que el jueves de la semana pasada sostuvo que había que postergar el aumento de tarifas decidido por el gobierno que integra, y de cuyo partido, Cabildo Abierto, surgió ayer la propuesta de realizar quitas a las mayores remuneraciones estatales.
Sea como fuere, no es bueno que el presidente de la República menosprecie la actividad política, ni que se presente como si estuviera un escalón por encima de ella. Entre otras cosas, porque con ese criterio habría que pensar que hasta las elecciones, cuando los actuales gobernantes eran opositores, se dedicaban apenas a “hacer política”, mientras que el Frente Amplio (FA) y Vázquez ejercían “una responsabilidad superior”.
Sobre los reclamos de la Intersocial y el caceroleo, Lacalle Pou se limitó a comentar que quienes los promueven “están en todo su derecho”, pero que él y el resto del Ejecutivo no están de acuerdo y trabajan “para mejorar la situación del país”. Lo que no se entiende es por qué esas demandas no se discuten en un encuentro directo, que no tiene por qué constituir una aglomeración o poner en riesgo la salud de los participantes. El mismo comentario vale para la propuesta de un “gran acuerdo nacional”, lanzada por el FA la semana pasada sin que el superior gobierno se haya dignado decir si le parece bien o mal, ni por qué.
Hasta mañana.