Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Se agolpan las noticias relacionadas con gente armada, pero vayamos primero a lo que tiene que ver con personas que actúan, como decía Alfredo Zitarrosa, “sin pistola en la cintura”.

Ayer se reunió el Consejo Superior Tripartito que discute los próximos lineamientos para la negociación colectiva en la actividad privada, y se anunció que el Poder Ejecutivo acepta algunas de las contrapropuestas planteadas por el PIT-CNT. Cabe valorar esa flexibilidad, pero las perspectivas no son como para tirar cohetes.

Lo que se aceptó es que los salarios menores tengan un punto porcentual de aumento más, que llevado a pesos va a ser poquito, y que el 1º de enero del año que viene se incremente el salario mínimo nacional, pero no se sabe cuánto. Si en 2021 hay una proyección de crecimiento de la economía, a partir del año siguiente empezaría la recuperación del salario real que se pierda hasta entonces. Por otra parte, se incentivará a las empresas que reincorporen trabajadores enviados al seguro de paro, y a las que creen nuevos empleos.

Otra negociación que dio algún resultado, pero no uno que entusiasme mucho, fue la que se produjo, dentro del Poder Ejecutivo, acerca del etiquetado frontal de alimentos riesgosos para la salud. Al decreto correspondiente se le realizará “alguna pequeña adecuación”, y su aplicación será postergada por lo menos seis meses. Al parecer, el motivo es que hay que velar por “el empleo y el desarrollo de la producción nacional”.

Ahora, a las armas. Se prorrogará una vez más, ahora por dos años, el plazo para regularizar la tenencia no declarada de “armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”, o entregar esos objetos a fin de que sean destruidos. El argumento es que “miles de uruguayos” no han realizado los trámites correspondientes, y resulta un poco preocupante que se decida no aplicar esta ley porque mucha gente no la cumple, pero los parlamentarios confían en que la situación mejorará con campañas de difusión.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, responsable de un gran contingente de personas muy armadas, es doblemente cuestionado desde el Frente Amplio. Por un lado, la bancada de diputados de ese partido decidió convocarlo a comisión por sus declaraciones sobre el procesamiento por homicidio de un soldado retirado; por otro, sus explicaciones sobre la decisión de no aplicar en las Fuerzas Armadas el decreto de austeridad fiscal no resultaron satisfactorias para el diputado frenteamplista Óscar Andrade.

A su vez, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, responsable del otro gran grupo de funcionarios armados, está bajo fuego cruzado por la decisión de restaurar los homenajes al comisario Víctor Castiglioni, responsable de espionaje y torturas. Esta decisión fue reivindicada por el director de la Policía Nacional, pero más vale suponer que no la adoptó sin consultar a Larrañaga. En todo caso, la rechazan dirigentes opositores y oficialistas, así como uno de los varios sindicatos policiales y, por supuesto, víctimas directas de la represión dirigida por Castiglioni.

Hasta el lunes.