Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Varios temas ganaron destaque durante los últimos meses, en desmedro del de la inserción internacional de Uruguay, cuya importancia es enorme. Dos noticias que publicamos hoy nos lo recuerdan: la primera tiene que ver con el Mercosur; la segunda, con las consecuencias que tendría un eventual tratado de libre comercio (TLC) con China.

Mientras el presidente Luis Lacalle Pou insistía en demandar una “flexibilización” del Mercosur, que le permitiera a cada socio celebrar acuerdos comerciales internacionales por su cuenta, desde el oficialismo se aseguró que contaba con respaldo del gobierno brasileño. Pero hubo quienes advirtieron que la prioridad de Brasil era una reducción del arancel externo común (AEC) del bloque, contra la voluntad de Argentina, a la que probablemente presionaba con un amague de apoyar el reclamo uruguayo.

A comienzos de octubre, un mes después de que Lacalle Pou anunció el comienzo de negociaciones bilaterales con China, Brasil y Argentina llegaron a un acuerdo para disminuir el AEC, en un pequeño porcentaje y con muchas excepciones para mantener la protección a sectores de sus economías.

Ahora el Poder Ejecutivo hace saber que no está dispuesto a aceptar esa rebaja del AEC si no se le concede a cambio la “flexibilización”. Como el Mercosur sólo decide por consenso, Uruguay tiene poder de veto para que el bloque no haga suyo el acuerdo entre Argentina y Brasil, al que Paraguay ya dio su visto bueno.

Ocurre que la desigualdad de las partes es enorme y ha implicado, desde el comienzo, que los dos grandes socios decidan y los demás acompañen. Si Brasil y Argentina quisieran forzar el apoyo de Uruguay a la reducción del AEC, disponen de docenas de formas para ejercer presión, que causarían perjuicios importantes a sectores económicos y sociales de nuestro país. Pero quizá ni siquiera tengan mucho interés en presionar.

Como ya se mencionó, la disminución del AEC es casi simbólica y no cambiaría gran cosa. Para Argentina y Brasil, que su acuerdo se frustre sería mucho menos riesgoso que aceptar la “flexibilización”. De todos modos, si Uruguay vetara complicaría más las relaciones con Jair Bolsonaro que con Alberto Fernández, y está dentro de lo posible que sufra represalias de ambos, aunque sólo sea para reafirmar quién manda.

Por otra parte, China ya es nuestro mayor comprador, y la capacidad productiva uruguaya tiene sus límites, de modo que la principal consecuencia inmediata de un TLC sería un aumento de ganancias para los sectores agroexportadores. Estos venden sobre todo productos primarios, y por lo tanto no habría, también en principio, grandes estímulos para otros con mayor valor agregado. Por el contrario, correría peligro la industria uruguaya, que sin TLC ya ha sufrido mucho por la competencia de productos chinos.

Según académicos y pequeños empresarios, un acuerdo bilateral pondría en riesgo de 25.000 a 35.000 puestos de trabajo, sin contar posibles daños mayores si las relaciones con el Mercosur empeoran. Da la impresión de que el Ejecutivo se está moviendo como el proverbial elefante en un bazar, y sólo cabe desear, por el bien del país, que las apariencias engañen.

Hasta el lunes.