Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Hace ya un tiempo que la evolución de la pandemia de covid-19 en Uruguay llegó a un punto en que no es aceptable discutirla desde trincheras partidarias, como si lo prioritario fuera defender o atacar al presidente Luis Lacalle Pou.

Los datos son muy elocuentes. El registro de diagnósticos diarios sigue en ascenso con cifras inéditas (que seguramente no incluyen muchos asintomáticos, por incapacidad de rastreo), y Uruguay está tercero en el mundo en la cantidad de casos por 100.000 habitantes, sólo por debajo de Maldivas y Baréin, según el índice de Harvard. Desde comienzos de mayo, es el país que registra más muertes por millón de habitantes.

El aumento de la cantidad de camas y equipamiento para cuidados intensivos no pudo ser acompañado por un incremento acorde del personal idóneo, y el paso de las semanas sigue acumulando una sobrecarga en todos los niveles de atención que, por motivos fáciles de comprender, incide en la calidad del tratamiento.

En situaciones de alta transmisión comunitaria del virus, como la que está instalada desde el verano, toda la experiencia mundial sobre la pandemia indica que para frenar la propagación es necesario reducir en forma drástica la movilidad de las personas por un período de tres o cuatro semanas, y que si esto no se hace, los efectos de la vacunación disminuyen, tardan más en producirse e incluso pueden verse superados.

Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), fue muy claro en una entrevista publicada ayer por el semanario Búsqueda. Si se logra reducir en forma importante la movilidad social (no “tocando una cosita u otra”, sino con medidas de impacto), con ella disminuirán las interacciones humanas presenciales, los contagios, las internaciones y las muertes. Según pudo saber la diaria, los dichos de Radi expresan un malestar generalizado en el GACH, debido a que sus recomendaciones no se han puesto en práctica, y en cambio se asume la perspectiva de ir reanudando cada vez más actividades.

Dice el diputado Rodrigo Goñi, coordinador de la bancada del Partido Nacional (PN) en su cámara, que “el que tiene que tomar las decisiones” con “el panorama completo” es el gobierno nacional, y que este “ha hecho todo lo que entendía que debía hacerse”. Todo eso puede ser muy cierto, pero Goñi se fue de pista cuando agregó que “nadie tiene ningún elemento para asegurar” que con otras medidas gubernamentales pueden disminuir los contagios.

Obviamente, Goñi no pretende que su opinión sobre un asunto científico sea tan atendible como la de Radi. Lo que alega es que el Poder Ejecutivo ha hecho todo lo que la sociedad “estaba dispuesta de alguna manera a admitir y aceptar pacíficamente”. Es difícil imaginar cómo llegó a esa conclusión el diputado, pero rendirse de antemano no parece la actitud más sensata cuando hay vidas en juego.

Si en algún nivel del gobierno se evaluó que el riesgo de cierta cantidad de muertes era preferible al riesgo de cierto impacto en la actividad económica, y al costo de cierta cantidad de apoyos estatales, sería mejor decirlo. Y si no fue así, urge cambiar el rumbo, porque esto puede seguir empeorando.

Hasta el lunes.