Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) decidió expresar su discrepancia con el modo en que el Poder Ejecutivo afronta la pandemia mediante una doble interpelación, de la ministra Azucena Arbeleche y el ministro Daniel Salinas. También evaluó que los resultados de la comisión de seguimiento de la pandemia han sido “frustrantes” y que no vale la pena prorrogar su funcionamiento.

La reacción del oficialismo fue acusar al FA de actuar con mezquindad para sacar réditos políticos de un drama, de buscar la confrontación en vez del diálogo y de negarse a una cooperación patriótica para superar la crisis. Todo esto merece una reflexión que tenga en cuenta ciertos datos adicionales.

Durante la mayor parte del año pasado el FA estuvo de acuerdo, en grandes líneas, con las medidas adoptadas por el Ejecutivo en lo estrictamente sanitario, pero consideró insuficientes las relacionadas con el apoyo estatal a las personas y sectores afectados. Se declaró dispuesto a participar en un diálogo nacional para acordar políticas en ambos terrenos, y le reprochó al presidente Luis Lacalle Pou que, en vez de tomar por ese camino, manejara el tema en forma centralizada y personal, sin siquiera responder a las propuestas que los frenteamplistas le plantearon por escrito.

Esto nos lleva a un punto central: los interpelados serán Arbeleche y Salinas, pero es público y notorio que la responsabilidad de las decisiones en esta materia ha sido de Lacalle Pou.

Nadie se pudo engañar sobre esto desde la conferencia de prensa del 13 de marzo de 2020, cuando declaró la emergencia sanitaria, hasta la reunión de la semana pasada con la mencionada comisión de seguimiento, cuando reiteró que no adoptará las medidas recomendadas por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), el 7 de febrero de este año, para reducir en forma drástica y transitoria la movilidad y frenar así la propagación del virus.

Es llamativo que el oficialismo sostenga, por un lado, que las recomendaciones de científicos y médicos deben subordinarse a una valoración política integral, pero por otro lado afirme que la cuestión de la pandemia no debe ser discutida como un problema político. Por debajo de esta actitud está la pretensión, expresada a menudo, de que el FA “asuma que perdió” y se resigne, sin chistar, a que el oficialismo (o más bien el presidente) decida lo que le parezca.

El asunto es que los resultados de las elecciones de 2019 no cancelaron la política hasta 2024. La oposición tiene todo el derecho –e incluso el deber– de expresar sus discrepancias. Esto vale para los temas que fueron planteados en la campaña electoral (en los que se puede argüir que la ciudadanía eligió), y mucho más para la cuestión de cómo se debe afrontar la pandemia, obviamente no discutida en la campaña.

Gobiernos anteriores recibieron duros cuestionamientos políticos cuando sus opositores entendieron que la muerte de una sola persona se había producido sin que el Estado hubiera cuidado su salud en forma adecuada. Es bastante claro que cabe discutir responsabilidades políticas cuando los fallecimientos son decenas por día y ya sumaban ayer, según el conteo oficial, 4.692.

Hasta mañana.