Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Los partidos que apoyaron a Luis Lacalle Pou en el balotaje de 2019 declararon, en el documento “Compromiso por el país”, su intención de “iniciar un proceso que conduzca a una reforma de la seguridad social con sólida base técnica y amplio apoyo político, con el fin de lograr un sistema previsional moderno, financieramente sostenible y menos dependiente de los tiempos políticos, que vele especialmente por los pasivos con mayores niveles de vulnerabilidad”.

No se puede decir que haya sido una promesa muy concreta, y figuraba en el capítulo 9 de un total de 13, como punto 19 de un total de 21. El común denominador alcanzado no llegó, por falta de tiempo o de acuerdos, más allá de propósitos aceptables por cualquiera.

La parte de “iniciar un proceso” se cumplió mediante la Ley de Urgente Consideración, que dispuso en julio del año pasado la formación de una Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) integrada por representantes de partidos y organizaciones sociales, para plantear un diagnóstico y recomendaciones al Poder Ejecutivo (que es, según el artículo 86 de la Constitución, el único que puede presentar un proyecto de ley en esta materia).

La CESS comenzó a reunirse en noviembre del año pasado, y estaba previsto que trabajaría durante seis meses, con un plazo de 90 días para el diagnóstico y otro igual para las recomendaciones. El primer plazo se extendió, y el segundo va por la segunda prórroga, ahora hasta mediados de setiembre.

Hace semanas que la CESS no sesiona, y los representantes del oficialismo necesitan más tiempo para ver hasta qué punto se pueden poner de acuerdo. El nivel de concreción de las recomendaciones dependerá de ese debate, que se viene desarrollando con mucha discreción.

Hasta ahora, los partidos integrantes de la coalición de gobierno no han querido que sus discusiones se realicen delante de los demás integrantes de la comisión, ni han dado a conocer la posición de cada uno. Lo que resulta fácil imaginar es cuáles son los temas de los que están hablando.

Una iniciativa de reforma del sistema de seguridad social podría plantearse a partir de definiciones sobre la necesidad de mejorar las actuales condiciones de retiro, que en la gran mayoría de los casos están muy lejos de permitir una vida autónoma y digna. En este caso, sin embargo, todo indica que el objetivo predominante es intentar que las cuentas cierren.

Como no se considera viable incrementar los aportes de patrones y empleados, y el del Estado se quiere reducir, las propuestas tienden a concentrarse, antes que nada, en disminuciones del desembolso. La primera medida, para postergar egresos de dinero, sería un aumento de la edad mínima jubilatoria, y esto ya implica, por supuesto, costos políticos, pero luego viene lo más difícil. Hay que decidir qué pasará con las AFAP, y si se recortarán los beneficios actuales, incluyendo los de la llamada Caja Militar, la Bancaria, la de Profesionales y la Notarial. Para todo esto hay que prever, además, transiciones.

Una ley de reforma no podría ser sometida a referéndum, pero la cuestión es lograr mayorías para aprobarla, y eso va a ser más difícil a medida que se acerquen los tiempos electorales.

Hasta mañana.