Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El largo debate sobre la eutanasia que se desarrolló ayer en la Cámara de Representantes tuvo pasajes que resulta piadoso pasar por alto. Por ejemplo, el intento de presentar la iniciativa como un plan para matar a 100.000 personas, o la invocación de artículos específicos, que se pueden modificar en la discusión particular, para fundamentar un rechazo integral. Pero también se abordaron con seriedad algunas cuestiones muy profundas.

Es discutible si también tendría que haberse explicitado todo lo que subyace a la controversia, incluyendo a las convicciones religiosas, pero en Uruguay se conserva cierto recato laico, y no es frecuente que quienes se dedican profesionalmente a la política reconozcan que actúan en defensa de sus creencias. Probablemente es mejor así, pero dio la impresión de que algunas intervenciones no fueron del todo sinceras.

Entre las cuestiones de fondo que sí se plantearon está la referida a la relación de lo individual y lo social en el terreno de los derechos. En particular, si el derecho a la vida implica que en ninguna circunstancia sea aceptable ayudar a morir a alguien que decide libre y reflexivamente dejar de ejercer ese derecho.

Este debate se mezcló con otro, aún más antiguo. Hay quienes opinan que los derechos son “naturales” y las normas sólo los “reconocen”, y quienes sostienen que son establecidos por las sociedades. Es una discusión filosófica muy interesante cuando se desarrolla con buen nivel, cosa que no ocurrió con mucha frecuencia ayer en Diputados, pero en definitiva maneja abstracciones.

En la historia real de la humanidad la individualidad aislada no sobrevive, la noción de que hay personas con derechos surge de organizaciones sociales complejas, y durante muchos siglos se consideró “natural” que muchos de los derechos aceptados actualmente no existieran, o que no existieran para todos los seres humanos. Incluso se negó que grupos étnicos enteros fueran humanos.

Sólo Cabildo Abierto tuvo una posición monolítica, pero las opiniones en este terreno son diversas en cada fuerza política. De todos modos, resultó llamativo que la idea de que la vida es un bien jurídico social e irrenunciable fuera planteada desde partidos y sectores cuyos integrantes, por lo general, conciben a la sociedad como una mera suma de personas, y al derecho como un sistema cuya finalidad central es garantizar las libertades individuales.

Todos los derechos individuales abren posibilidades de libertad, respetables si no afectan las opciones libres de otras personas. Cuando una sociedad establece derechos, los estados deben garantizar que cada persona pueda ejercerlos, pero la existencia de estas garantías no significa que la gente adulta no pueda abstenerse, en forma voluntaria, de cuidar su salud, de tener una vivienda digna, de conservar sus propiedades o de expresar sus opiniones. Y, como dijo ayer el diputado colorado Ope Pasquet, también “vivir es un derecho, no una obligación”.

Todo esto se seguirá discutiendo en el Senado, y es posible que las controversias continúen si el proyecto se convierte en ley pero el presidente Luis Lacalle Pou decide vetarlo, como ayer se le pidió por adelantado.

Hasta mañana.