Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
El director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Alvaro Garcé, se reunió el 24 de octubre con una comisión parlamentaria formada para controlar y supervisar sus actividades, e informó sobre un plan nacional secreto a legisladores de los siete partidos representados en el Poder Legislativo. Y no sólo informó, sino que distribuyó copias impresas del plan, una para cada uno de esos partidos. Tres días después, el informativo de TV Ciudad y su director, Eduardo Preve, dieron a conocer contenidos del documento y comenzó una oleada de consternación.
Garcé presentó una denuncia por la filtración a Fiscalía, y el Parlamento inició a su vez una investigación administrativa. Se les pidió a los legisladores que participaron en la reunión con Garcé que entreguen voluntariamente sus celulares a Fiscalía para la realización de pericias tendientes a averiguar quién pudo haber divulgado el plan. Esto es sin duda delicado, ya que en los aparatos puede haber mucha información reservada por diversos motivos.
Sin disponer del documento (a este medio no se filtró), es imposible evaluar con precisión sus alcances, ya que lo divulgado no es necesariamente textual, y en estos asuntos los detalles importan muchísimo. Por ejemplo, una cosa es que Garcé, en el ejercicio de las funciones que le asigna la Ley 16.696, establezca directivas para los organismos de inteligencia del Ministerio del Interior, y otra es que le dé órdenes genéricamente “a la Policía”.
A su vez, lo difundido por Preve abarca cuestiones diversas y de muy distinta relevancia. Estar atentos a indicios de actividad de organizaciones terroristas, o a la “presencia de extranjeros sospechosos” de integrarlas, es ineludible para cualquier servicio de inteligencia. Qué significa “actividades precursoras de acciones terroristas” no resulta obvio, y la investigación de “grupos o personas que inciten a la violencia”, “hechos que puedan generar la violencia”, “usurpación de espacios públicos o privados” y “bloqueos y cortes ilícitos de la circulación de personas, bienes o servicios” es una tarea demasiado amplia y vaga.
Algunas formas de realizar estas investigaciones pueden violar la ley mencionada, que obliga a los órganos de inteligencia a respetar “estrictamente” los derechos y garantías establecidos en la Constitución, las leyes y los convenios internacionales adoptados por el Estado uruguayo, además de prohibirles intervenir “en la actividad política, social o económica del país, [...] o en la vida interna de los partidos”. Es notorio, por ejemplo, que sindicatos y gremios estudiantiles bloquean a menudo la circulación.
Las actividades de la “comunidad de inteligencia” no se llevan muy bien con la Constitución y las leyes en ningún país, y si no fueran reservadas carecerían de sentido, pero en este caso, pese a las abundantes manifestaciones de indignación, en lo filtrado no hay ni una palabra que pueda ser novedosa o beneficiosa para las personas eventualmente investigadas, y además es muy claro que, por definición, de la información clasificada no se reparten copias.
Hasta el lunes.