Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Conviene no escribir dos días seguidos sobre el mismo tema y comenzando con la misma afirmación, pero ayer el primer párrafo de esta columna decía que las nuevas revelaciones sobre el caso que involucra a Alejandro Astesiano ponían a prueba la capacidad de asombro, y hoy no hay más remedio que reiterarlo.

La fiscal a cargo de la investigación, Gabriela Fossati, dijo al diario El Observador que Presidencia le planteó como “requisito” para la entrega del celular de quien entonces era encargado de la seguridad de Luis Lacalle Pou “que no estuvieran los mensajes” entre ambos, y que a ella le pareció y aún le parece “sumamente razonable”.

Fossati alegó que en esos intercambios “podía haber información” sobre “movimientos y hábitos” de la familia de Lacalle Pou, y que “las condiciones de trabajo de la Fiscalía” no podían “garantizar que eso se mantuviera en reserva”, de modo que, cuando le pidió a Policía Científica que recuperara el contenido borrado del celular, indicó expresamente: “con excepción de los mensajes, audios y videos que pueda haber intercambiado [Astesiano] con el señor presidente de la República”.

La fiscal sostuvo incluso que cuando Astesiano fue detenido, bajo firme sospecha de integrar una organización criminal internacional, ella no tenía “ningún elemento para pedir la incautación” del celular que utilizaba, y que pertenecía legalmente a Presidencia.

Las “normas del debido proceso” están establecidas por escrito. La autonomía técnica de los fiscales no los exime de atenerse a esas normas en función de interpretaciones personales sobre lo que corresponde ante “la investidura presidencial”.

Todo lo antedicho ya era sumamente complicado, pero además el mismo diario informó que consultó acerca del “requisito” mencionado por la fiscal, y que “desde Presidencia” le respondieron que no existió. Y que, enterada Fossati de esa respuesta, ratificó sus declaraciones iniciales. En otras palabras, “desde Presidencia” se afirma que la fiscal no dice la verdad, y viceversa. Poco ayuda esto al manejo técnico y la buena imagen de una investigación que toca muy de cerca a Lacalle Pou (y acerca de la cual, el 22 de este mes, él mismo aseguró que a Fossati “se le ha brindado toda la información que requiere y se le va a dar todavía más, toda la que pida”).

Es difícil decidir qué resulta peor: un casi conflicto de poderes, en el que una de las dos partes miente; que Fossati considere que podía y debía prescindir de parte de la información contenida en el celular del detenido; o la posibilidad de que Presidencia haya requerido que no se examinara esa evidencia.

Sería inaceptable que, ante la situación instalada ayer, el sistema judicial, los poderes Ejecutivo y Legislativo o los partidos fingieran demencia como si nada hubiese sucedido. El problema es, por supuesto, que a esta altura cualquier decisión sobre Fossati va a tener el pésimo efecto de aumentar desconfianzas y sospechas, con independencia de que se la separe del caso o se la mantenga en él, y de que se le llame la atención o se la felicite. Las posibilidades de que todo el asunto termine bien parecen hoy menores que las de que Uruguay gane el Mundial de Qatar.

Hasta mañana.