“Se está obviando la voluntad de los socios de Casa de Galicia”, afirmó en diálogo con la diaria el abogado Juan Ceretta, que el martes presentó en el Juzgado Letrado de Concurso de 1er. Turno un escrito respaldado por la firma de 322 socios de la mutualista, que lo habilitaron a estudiar el expediente concursal.

Esta semana el Poder Ejecutivo compartió con los legisladores el proyecto de ley para distribuir a los socios de Casa de Galicia. La coalición y el oficialismo están trabajando en él y se aprestan a llegar a un consenso en torno a cambios y agregados porque la idea es que el próximo martes sea considerado por el plenario de Diputados o de Senadores.

Ceretta cuestionó los pasos que se están dando. “El Parlamento va a analizar supuestamente el martes repartirse las cosas de Casa de Galicia, cuando Casa de Galicia todavía no murió. Yo ni siquiera en 2002 vi una celeridad legislativa como esta; me llama la atención, porque hay una voz que nadie ha escuchado”, reclamó, en referencia a los usuarios. En concreto, cuestionó que el proyecto habilite al Poder Ejecutivo a “repartir como quiera a los socios, como si los socios fueran un bien más de la institución que se puede repartir”.

Según el abogado, la asignación de usuarios a los prestadores de salud –ha trascendido que son Cudam, Universal, Círculo Católico y Hospital Evangélico- es “a los que el Ministerio de Salud Pública [MSP] considera que tienen problemas y necesitan más afiliados, más cápitas”. El criterio que ha esgrimido hasta ahora el MSP es que esas mutualistas encabezan la lista que elaboró en base a los criterios de tener menos de 100.000 usuarios, número de camas, determinada proporción de adultos mayores y en función del nivel de endeudamiento.

Ceretta transmitió que los usuarios rechazan que se les “imponga” un prestador de salud y “reivindican su derecho a ir al prestador que consideren mejor”. Además, comentó que “podría aparecer alguna solución todavía” y que “hay una cuestión equivocada en el sentido de ver a Casa de Galicia como un prestador cualquiera de salud, porque Casa de Galicia es una sociedad civil que dentro de sus fines tiene muchas actividades”, como la difusión y la promoción de la cultura gallega.

“Si se aprobara la ley el martes, es seguro que vamos a plantear la inconstitucionalidad”, adelantó Ceretta, quien expresó que, entre otros principios constitucionales, “vulnera el principio de igualdad, porque los demás usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) elegimos el prestador y resulta que los de Casa de Galicia no pueden elegir”.

No está laudado

Ceretta publicó en Twitter este jueves que el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del juez Leonardo Méndez en la que no hizo lugar a la presentación de recursos contra la resolución del 23 de diciembre, que estableció el cese de actividad de la mutualista.

El 27 de diciembre, tres días después de resolver el cese de actividades, el juez le respondió a un recurso de apelación que había interpuesto la mutualista con un decreto en el que, considerando la Ley de Concurso, declaraba “inadmisible el recurso de apelación”.

La empresa apeló la decisión judicial y este miércoles el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno pidió estudiar el expediente para resolver si se hace lugar, o no, a la apelación. “Hay que esperar que el Tribunal de Apelaciones resuelva la apelación”, dijo. A su entender, esta acción demuestra que el Poder Ejecutivo “se apuró” al expresar en la exposición de motivo del proyecto de ley que lo hacía considerando que la resolución judicial del 23 de diciembre “decretó el cese de actividades de la Sociedad Civil Casa de Galicia”, porque “la Justicia tiene pendiente una resolución”. En concreto, dijo que el tribunal “podrá confirmar la sentencia en primera instancia o podrá poner otras condiciones; no sabemos”.

Fuentes judiciales consultadas por la diaria informaron que la resolución del Tribunal de Apelaciones hace lugar a la queja que presentó la abogada de Casa de Galicia y que corresponde tramitar la apelación del decreto del cierre, pero “nada más”, y reafirmaron que “no tiene efecto suspensivo”.

Aun así, Ceretta reafirmó que es un “disparate que se esté votando el martes una ley que reparte los bienes de una persona jurídica [de la] que aún no se ha decretado su fin” y que “no está decretada la disolución de Casa de Galicia, no está decretada su liquidación”.

En paralelo, el abogado de los socios adelantó que ahora estudiarán los expedientes penales “porque se notan irregularidades de todo tipo en la gestión de la última directiva”. Informó que “hay un vaciamiento de la institución, hay créditos que son absolutamente dudosos de los que hay que analizar muy bien su legitimidad, contratos celebrados que dejan muchísimas dudas. Hay muchas cosas que merecen ser analizadas y los socios tienen derecho a analizar porque, en definitiva, se trata de la gestión de su sociedad, no en el sentido médico, sino de Casa de Galicia”.