Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Cada nueva noticia relacionada con el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Katoen Natie (KN) oscurece la historia y aumenta las sospechas.

Es muy difícil entender por qué, en negociaciones encabezadas por Luis Alberto Heber cuando era ministro de Transporte y Obras Públicas (y a tal punto reservadas que no las conocían ni siquiera todos los dirigentes del Partido Nacional, y tampoco los socios de este en la coalición de gobierno), el Poder Ejecutivo decidió extender hasta 2081 la concesión a esa empresa en el puerto de Montevideo, y mejorar mucho las condiciones de su negocio.

Lo que alegan las autoridades es que esto fue necesario para desactivar una demanda con la que venía amenazando KN, pero no hay constancia de que se haya realizado ningún estudio oficial sobre las consecuencias que podría tener un juicio, ni desde el punto de vista jurídico ni desde el económico. Tampoco hay, en realidad, constancia documental alguna sobre esas negociaciones.

Cuando Heber fue interpelado sobre el asunto, en agosto del año pasado, nada aclaró sobre esto ni sobre los términos del acuerdo, que según el especialista colorado Edison González Lapeyre está “plagado de horrores” y muestra “la ineptitud de quienes negociaron”.

Al final de aquel llamado a sala, el oficialismo respaldó en bloque las explicaciones del ministro, pero el obvio descontento de Cabildo Abierto con lo actuado por sus aliados determinó que se declarara necesaria una renegociación con KN, pero lo más sustancial y polémico del acuerdo sigue en pie.

El asunto estuvo a estudio del Tribunal de Cuentas, y para asesorar a ese organismo de contralor se elaboró, tras meses de estudio, un informe jurídico muy crítico, pero la mayoría del Tribunal decidió no tomar en cuenta ese trabajo, sino los realizados con inusual premura por la jefa y el subdirector del área Jurídica, que avalan el acuerdo con argumentos y datos extraordinariamente similares a los que ha manejado KN.

De todos modos, la resolución señala que hubo procedimientos no ajustados a las normas, incluyendo presuntos asesoramientos al Poder Ejecutivo de la Administración Nacional de Puertos que no pasaron por su directorio, sino que fueron manejados sólo por el presidente nacionalista Juan Curbelo, y que fueron entregados después de que estaba todo el pescado vendido, pero el Tribunal decidió, por cuatro votos en siete, no realizar objeciones al respecto.

Mientras tanto, y debido a una denuncia penal presentada por legisladores del Frente Amplio (contra Heber, su exsubsecretario Juan José Olaizola, Curbelo y el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés), la cuestión está en manos de la Justicia, y la Fiscalía ya comenzó a tomar declaraciones. Los denunciantes pedirán que el informe del Tribunal de Cuentas sea incorporado a la investigación, entendiendo que, pese a la resolución adoptada por la mayoría de ese organismo, la descripción de los hechos realizada constituye prueba de que se cometieron delitos.

En setiembre del año pasado, el presidente Luis Lacalle Pou tuiteó que los cuatro denunciados habían actuado en la negociación con KN bajo su “supervisión y responsabilidad” (de Lacalle Pou, no de KN).

Hasta mañana.