Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El plan político que prepara el Frente Amplio (FA) incluye un nuevo impulso a la propuesta de habilitar la votación desde el exterior y es previsible que vuelvan a desplegarse los abundantes argumentos a favor y en contra de esa idea, que ya se han planteado en ocasiones anteriores. La oportunidad es buena para repasar varios de ellos y para recordar que, con independencia de su validez y de que el debate puede resultar muy interesante, parece claro que los motivos de fondo se refieren sobre todo a un par de variables.

En este mundo cada vez más interconectado y con fuertes flujos migratorios (voluntarios o no) gana terreno la posición que defiende el FA, que de todos modos no se ha incluido expresamente como un derecho en tratados internacionales. Algunos países aceptan el voto fuera de sus fronteras desde hace muchos años, pero en las últimas décadas es difícil encontrar uno que lo haya dejado sin efecto y, en cambio, son numerosos aquellos que lo han habilitado.

Esto no es, por supuesto, una demostración de que haya que hacer lo mismo, siguiendo la corriente, y cabe señalar que, si bien Uruguay es actualmente el único país sudamericano sin el llamado “voto a distancia”, hay que considerar otras variables. Entre ellas, que la Constitución uruguaya vincula la ciudadanía con la residencia en el país, con un criterio previo a la mencionada tendencia contemporánea, que sin duda se puede cambiar mediante una reforma.

Otra objeción es que no son tantos los países en los que votar es al mismo tiempo posible desde el exterior y obligatorio, y que en la gran mayoría de ellos coexisten la obligatoriedad para residentes y el sufragio optativo para quienes no lo son, cosa que algunos cuestionan en nombre de la igualdad. Sin embargo, también es válido el criterio de que resulta injusto tratar igual a quienes están en situaciones muy distintas.

Por otra parte, se le suele asignar importancia al peso relativo de quienes podrían votar a distancia, en relación con el padrón de residentes habilitados. En Uruguay ese peso podría ser considerable, aunque se trate sólo de personas con ciudadanía que dejaron de residir en el territorio nacional (no de sus descendientes). Sea como fuere, no hay forma de saber cuántas de esas personas harían los trámites necesarios.

En todo caso, quienes sitúan el debate en el terreno de los derechos y la justicia alegan que, por eso mismo, no corresponde decidir en función de las eventuales consecuencias y tampoco de los costos, que sin duda aumentarían, tanto para el Estado como para los partidos en campaña. El tema es que, con el régimen actual, un residente en el exterior puede votar si está, individualmente, en condiciones de pagarse un pasaje, y esto tampoco parece muy justo.

En definitiva, da la impresión de que lo que más ha pesado es la combinación de dos factores. Uno es el rechazo a que “desde afuera” se resuelva quién gobierna en un territorio, sin quedar sujeto a las consecuencias (aunque esto ya puede suceder hoy en las elecciones departamentales). El otro es la presunción indemostrable de que el voto a distancia se inclinaría en mayor medida por el FA: a veces lo político se pone por encima de lo jurídico.

Hasta mañana.