Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El agravamiento de los problemas de seguridad llevó a que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fuera convocado por el Frente Amplio (FA) para un intercambio con los integrantes del Senado en régimen de comisión general, que se realizará mañana. No parece probable, lamentablemente, que el oficialismo esté dispuesto a aprovechar la oportunidad para enriquecer su enfoque y avanzar hacia mejores soluciones que involucren respaldos políticos más amplios.

Gran parte de los integrantes de la coalición de gobierno ya anunciaron su decisión de cerrar filas para defender a Heber, y quienes no comparten del todo esa decisión, como los senadores de Cabildo Abierto, defienden una aplicación más extrema y simplista de los lineamientos actuales.

Hace mucho tiempo que la presencia creciente del narcotráfico en Uruguay está identificada como un factor muy perjudicial para la seguridad pública. Sus trágicas consecuencias se vinculan con una implantación en los barrios que destruye pautas anteriores de convivencia, busca establecer condiciones de dominio territorial y acota mucho las opciones de la población joven.

Durante los gobiernos del FA, y especialmente en los diez años de Eduardo Bonomi como ministro del Interior, se intentó afrontar este grave problema con diversas medidas. Entre ellas, una mejora sustancial de las retribuciones y el equipamiento de los funcionarios, el despliegue del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) policial, el refuerzo de las tareas de inteligencia para detectar y desarticular grupos criminales, el aumento de la videovigilancia y ocasionales “megaoperativos” en algunos barrios.

A esto se sumó el plan estratégico “Siete zonas” para superar problemas de pobreza, marginación y exclusión, con políticas sociales, infraestructura de mejoramiento urbano y mayor presencia de la Policía Comunitaria. Logró resultados interesantes pero no llegó a desarrollarse de acuerdo con lo previsto, debido a recortes presupuestales.

Desde la oposición, el actual oficialismo aseguró que la solución consistía en volver a procedimientos tradicionales centrados en la actuación policial, con base en las unidades territoriales y aumento del patrullaje, y en lograr que los funcionarios no temieran “hacerse respetar”, mediante normas incluidas en la Ley de Urgente Consideración y un factor subjetivo de respaldo por parte del ministro del Interior y el presidente de la República.

La cuestión es que estas recetas no han tenido éxito en lo relacionado con la violencia del narcotráfico, al que se decidió enfrentar con un fuerte énfasis en el cierre de “bocas” de venta al menudeo y endurecimiento de las penas para quienes son los eslabones más débiles de la cadena.

Tanto el FA como la actual coalición de gobierno han tenido importantes dificultades en el mismo terreno. Quizá sea hora de darle una oportunidad a la cooperación.

Hasta mañana.