Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
La primera decisión, del Poder Ejecutivo, habilitó que brinden servicios de internet cinco operadores de televisión para abonados (entre ellos los canales 4, 10 y 12) que habían presentado con éxito, ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), recursos de inconstitucionalidad contra la prohibición de vender esos servicios establecida en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA).
El oficialismo alega que no podía hacer otra cosa, y que no se trata de una iniciativa de Presidencia sino del cumplimiento de una decisión del Poder Judicial, pero esto no es tan sencillo como parece.
El objetivo declarado de la prohibición (que hoy se quiere presentar como un atentado contra la libertad) era evitar que empresas privadas sumaran servicios de televisión, internet y transmisión de datos, en el entendido de que esta concentración es perjudicial para que la población acceda a informaciones y opiniones diversas.
Es preciso recordar, además, que la SCJ no mantiene posiciones invariables, entre otras cosas porque va cambiando su integración. Hasta 2016 entendió que los fundamentos mencionados en el párrafo anterior eran legítimos.
Por último, la posición histórica de Antel, abandonada por las actuales autoridades, es que la ley de creación del organismo le otorgó, mucho antes de que se aprobara la LSCA, un monopolio de las telecomunicaciones que debe incluir internet (y que no puede ser anulado por una resolución del Ejecutivo).
La otra decisión de esta semana fue que Antel les pague 1,2 millones de dólares anuales a cada uno de los tres grandes canales privados por la retransmisión, sólo para celulares, de sus contenidos en televisión abierta (que, hasta 2018, estaban disponibles sin costo en Vera TV).
Todo esto implica nuevos beneficios para el 4, el 10 y el 12, que se suman a muchos anteriores y a varios prometidos con la derogación completa de la LSCA.
Es importante señalar que, más allá de las grandes diferencias ideológicas entre el gobierno actual y los anteriores del Frente Amplio, en esto hay continuidades. Una de ellas tiene que ver con la aceptación, por parte de muchos altos dirigentes, de que a Uruguay le conviene la posición dominante de este viejo oligopolio privado en el mercado de la televisión abierta. Un mercado que se va volviendo cada vez más anacrónico, pero que todavía da buenos dividendos económicos y, como se ve, políticos.
Se supone que esto es bueno para el país porque son empresas uruguayas, pero emiten muchos programas extranjeros o con formatos extranjeros, y las tímidas exigencias de producción nacional de la LSCA les parecieron inaceptables a los dueños del 4, el 10 y el 12, que utilizan un bien público gratis y con fines de lucro.
Dicho sea de paso, la decisión del Ejecutivo valoriza los servicios de televisión para abonados, muy venidos a menos en los últimos años, y crea condiciones favorables para que se alíen con empresas extranjeras o queden en manos de estas. Esto lo sabe bien el Ejecutivo, aunque no lo asuma públicamente.
Hasta mañana.