Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Fondo de Solidaridad (FdS), creado en 1994, recibe aportes de egresados de instituciones públicas de educación terciaria y se ocupa de gestionar y otorgar becas para estudiantes de estas instituciones.

En 2001, atendiendo a necesidades de la Universidad de la República (Udelar) en un contexto crítico, se estableció para sus egresados un adicional del aporte al FdS. Lo pagan quienes terminaron, hace por lo menos cinco años, carreras de cinco o más años de duración, y ganan más de 31.000 pesos por mes. 40% de la recaudación debe ser usada por la Udelar para “infraestructura edilicia destinada a la enseñanza”; 35% para “proyectos institucionales en el interior del país” y 25% para “mejoras en la infraestructura no edilicia destinada a la enseñanza, bibliotecas, formación de docentes y publicaciones”.

21 años después, parte de quienes pagan el adicional se quejan, desde hace tiempo, de que lo que pareció transitorio se volvió permanente, e incluso difícil de sobrellevar.

Atendiendo esas quejas, algunos legisladores (en particular, el diputado colorado Conrado Rodríguez y el senador nacionalista Jorge Gandini) impulsaron la eliminación gradual del adicional, y el Poder Ejecutivo incorporó la iniciativa en el proyecto de Rendición de Cuentas de este año. Ante esto, la Udelar señaló que se le quería quitar un ingreso que desde hace tiempo está previsto en sus presupuestos, con destino a líneas de desarrollo estables.

Lo primero que cuesta entender es que, durante 21 años, nadie en el Parlamento, en el Ejecutivo ni en la Udelar haya considerado la necesidad de buscar una solución integral, atendiendo tanto la situación de los aportantes como la de la universidad. Lo segundo es que, cuando la Udelar señaló el problema que se le crearía y varios legisladores oficialistas aceptaron que era preciso asignarle una compensación, hayan tenido tantas dificultades para decidir de dónde sacar dinero.

El proyecto de Rendición se trató primero en Diputados, y allí se planteó utilizar parte del aporte que le realiza el Banco República al Fondo de Desarrollo, más conocido como Fondes. El problema es que ese aporte es un porcentaje de las utilidades anuales del banco, y no tiene sentido financiar un monto fijo con un recurso variable, que incluso puede no existir.

Luego se pensó en parte del actual financiamiento del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que proviene de tributos a los productores del sector. A estos, como era previsible, les hizo muy poca gracia la idea de que su aporte dejara de destinarse a tareas que los benefician y se usara, en definitiva, para aliviar a profesionales que, en su mayoría, nada tienen que ver con la producción agropecuaria.

Nacionalistas y colorados querían definir la cuestión en el Senado, pero Cabildo Abierto se negó a votar en esas condiciones la eliminación del adicional, que fue rechazada. Ahora Gandini propone que se vuelva a considerar en la cámara alta, y dice que tiene “una idea” para compensar la quita, pero aún no se sabe cuál es, ni si hay una mayoría que la acepte. Lo menos que se puede decir de este proceso es que ha sido, desde el comienzo, muy desprolijo.

Hasta mañana.