Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En la campaña para las últimas elecciones nacionales muchos de los actuales oficialistas insistieron en que los gobiernos del Frente Amplio (FA) manejaban en forma indebida las contrataciones estatales, muy especialmente en el área de las políticas sociales, para beneficiar a organizaciones no gubernamentales con las que tenían afinidad política.

Desde el cambio de gobierno, las auditorías e investigaciones internas orientadas a detectar y denunciar estas presuntas prácticas han tenido el mismo resultado que las demás, con declaraciones resonantes y muy publicitadas pero con muy escasa evidencia para iniciar procesos judiciales. De todos modos, muchas contrataciones de períodos anteriores no fueron renovadas, y en los casos en los que se decidió reemplazarlas comenzó a llamar la atención la frecuencia con que se elegía a la Fundación A Ganar, cuyas autoridades tienen vínculos muy cercanos con dirigentes del Partido Nacional.

Durante el año pasado se reiteraron los cuestionamientos, no sólo del FA sino también del Tribunal de Cuentas (TC), a los acuerdos con la fundación realizados por gobiernos departamentales nacionalistas. Ahora nuevas observaciones del TC, a una licitación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ganada por la misma institución, refuerzan las sospechas y desnudaron tres orientaciones muy preocupantes para el manejo del Estado.

En primer lugar, según observó la mayoría del TC (con la oposición de dos nacionalistas y un colorado), la licitación, realizada para desarrollar “un programa de inclusión socioeducativo laboral y de contratación de personal técnico-profesional por un período de dos años” no era pertinente, ya que dicha inclusión no está entre las tareas asignadas al ministerio por las normas vigentes.

En la peor hipótesis, se podría pensar que el llamado incluyó esa descripción de tareas con la intención de contratar a la omnipresente fundación, y que es casualidad que, entre las personas a las que se decidió pagar servicios por esta vía, haya varias con militancia en las listas 33 y 71 del Partido Nacional, lideradas por Santiago Borsari, jerarca del ministerio.

En segundo lugar, parte del personal aportado por A Ganar (en el área “técnico-profesional” mencionada) pasó a desempeñar tareas de prevencionistas con los que el MTOP ya contaba, y que habían ganado sus cargos por concurso, de modo que estamos ante una tercerización improcedente.

En tercer lugar, resulta que estos prevencionistas fueron desplazados, desde el área que dirige Borsari, a otros puestos de trabajo en los que no pueden hacer lo que saben. Esto se ve agravado porque, según han denunciado formalmente, la decisión se tomó después de que denunciaran infracciones de normas de seguridad en obras realizadas para el MTOP por empresas privadas, que acumulan incumplimientos en la materia y en las cuales, quizá nuevamente por casualidad, también hay vínculos con dirigentes nacionalistas.

La suma de estos problemas delinea un tipo de relación entre los jerarcas estatales y el sector privado que no parece guiada por el interés público y que más bien se asemeja a un favoritismo por razones políticas. ¿Habrá una auditoría?

Hasta mañana.