Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Gustavo Penadés era desde comienzos de junio un senador suspendido y sin pertenencia a ninguna fuerza política, ya que poco antes de su desafuero renunció al Partido Nacional (PN). Desde ayer es un imputado con prisión preventiva por 22 delitos en reiteración real y un exsenador. La cámara que integraba decidió, tras una iniciativa del PN acompañada por todos los partidos y con votación unánime, expulsarlo al amparo del artículo 115 de la Constitución, por actos que lo hicieron “indigno de su cargo”. Tras el impacto que causó el lunes la formalización del proceso contra Penadés, esta acción fulminante del Senado puede parecer lógica, pero merece una reflexión cuidadosa para discernir qué lógica se aplicó.

Cuando Fiscalía presentó el pedido de desafuero, activó el procedimiento previsto por la Constitución en su artículo 93: el Senado debía decidir si, a su juicio, había “lugar a la formación de causa” por una acusación criminal. Una decisión de tipo judicial, similar a la formalización del lunes, que se le cede en estos casos al Poder Legislativo, aunque hubo quienes alegaron en aquel momento que sólo se trataba de habilitar que actuara la Justicia.

Lo que hizo el Senado fue afirmar que los elementos aportados por Fiscalía justificaban un proceso, y estos elementos no eran, en lo sustancial, muy distintos de los que se agregaron desde entonces al expediente. Sin embargo, en aquel momento no hubo en el PN, como ayer, voluntad política de promover la expulsión de Penadés, quien no había sido sentenciado a comienzos de junio ni fue sentenciado el lunes.

No cabe duda de que la reciente decisión judicial aumenta mucho la probabilidad de que Penadés sea condenado, porque la formalización requiere evidencia de peso, reforzada en esta ocasión por la declaración anticipada de las víctimas. De todos modos, cabe presumir que la iniciativa de los senadores nacionalistas no se debió básicamente al cambio de la situación procesal de su excompañero, que sólo consiste en el pasaje de la condición de indagado a la condición de imputado, sino a la intención política de escenificar una ruptura drástica de vínculos con Penadés y reducir el daño que le causará al PN su formalización con prisión preventiva. Incluyendo el daño de las dudas, muy razonables, acerca del desconocimiento de sus conductas por parte de quienes tuvieron estrecho contacto con él durante décadas.

Es sugestivo, además, que esto haya ocurrido mientras se difundían nuevos datos y se abrían líneas de investigación vinculadas con el caso que pueden comprometer a otros dirigentes del PN. Entre ellas, sobre todo, las evidencias de que contó con colaboración de jerarcas policiales y utilizó recursos del Estado para identificar a las víctimas que lo habían denunciado, engañar al sistema judicial y tramar una operación de desprestigio, de amedrentamiento o de ambas cosas.

Estos nuevos elementos comprometen, entre otros, al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuya renuncia reclama por ese motivo el Frente Amplio. Cualquiera prefiere ser tomado por inepto que por cómplice, pero las responsabilidades políticas existen en ambos casos.

Hasta mañana.