Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El proyecto de ley de reforma de la Caja de Profesionales Universitarios enviado por el Poder Ejecutivo sigue dando que hablar, y el Parlamento asume que sólo queda plazo hasta el 31 de este mes para que se pueda aprobar la iniciativa, como está o con modificaciones. Más allá de esta cuestión formal y discutible, que hace más problemática la búsqueda de una buena solución, en el fondo del asunto hay datos tan evidentes como graves.

La institución afronta un desfinanciamiento estructural. Con su actual sistema de ingresos y egresos, en un par de años ya no podrá sostener el pago de las jubilaciones y pensiones que hoy brinda a cerca de 20.000 personas, y mucho menos otorgarles a quienes se retiren las prestaciones que esperaron recibir mientras aportaban.

Las causas del desequilibrio son múltiples e incluyen sin duda la ausencia, durante años, de medidas para evitar una crisis que se veía venir, pero en cualquier hipótesis tales medidas tendrían que haber incluido un replanteo de las reglas de juego. Todo indica que hay responsabilidades de personas que han integrado el directorio de la Caja, incluyendo a representantes del Ejecutivo, y que las inversiones realizadas con los aportes de afiliados han tenido retornos por debajo de lo deseable, pero también han incidido otros factores muy poderosos.

Uno de estos factores es el demográfico, que afecta a la Caja del mismo modo que al resto del sistema de seguridad social. Otro es el gran incremento, durante décadas, de la proporción de profesionales universitarios que no ejercen en forma liberal, sino como dependientes, pero en muchos casos no como empleados, sino en relaciones laborales sin aporte patronal. Otro, la tendencia creciente de los activos a declarar que no ejercen en forma independiente su profesión, y por lo tanto no realizar aportes, o a seguir aportando, pero en las categorías más bajas.

Esto último está asociado con otros dos factores de peso en la crisis: el aumento en los últimos años de los tributos que pagan los profesionales y la heterogeneidad de la población afiliada, que ha ido incluyendo a personas con menores ingresos, por diferencias dentro de una misma rama de actividad o entre distintas ramas. Todo esto ha contribuido a que mucha gente decidiera reducir cuanto podía su aporte a la Caja.

El proyecto del Ejecutivo aumenta los aportes, y por lo tanto no está claro que su efecto neto vaya a ser un incremento de los ingresos de la Caja. Es probable que más personas en actividad opten por interrumpir o mantener en el mínimo posible su contribución, sobre todo si tenemos en cuenta que el beneficio futuro no sólo se reduciría, sino que además parece hoy muy incierto.

Representantes de los sectores profesionales involucrados insisten en que el Estado asuma una mayor asistencia a la Caja mientras se buscan mejores soluciones, pero es obvio que estas exigirían cambios profundos del sistema.

Por último, pero no con menor importancia, si se aprueba el proyecto de reforma constitucional impulsado por el PIT-CNT, las medidas propuestas por el Ejecutivo quedarían desbaratadas y habría que buscar otras contrarreloj. El panorama es espeluznante.

Hasta mañana.