Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Poco después de asumir la presidencia, Luis Lacalle Pou envió al Parlamento un proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual (SCA), al que le asignó alta prioridad. Sin embargo, desde entonces la iniciativa había quedado detenida en su primera escala parlamentaria, la comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes. Eso hasta ahora, cuando se reactiva el tratamiento del proyecto de Lacalle Pou y se anuncia que el oficialismo tiene la intención de votarla con rapidez.

Esta iniciativa satisface numerosas demandas de los grandes medios privados, y su aprobación beneficiaría en especial a los grupos que concentran la propiedad de muchos de esos medios.

El proyecto busca derogar tres grandes grupos de disposiciones de la actual ley SCA, aprobada en 2014 tras un prolongado proceso y que sólo ha sido aplicada en parte.

El primer grupo se refiere al pago de los medios por el uso de las frecuencias en las que emiten con fines de lucro. Este pago ha sido postergado año tras año, y estaba previsto que lo recaudado se destinara al fomento de la producción nacional, con mínimos de emisión que los empresarios consideran violatorios de su derecho a programar lo que les plazca, y cuyo cumplimiento no es controlado por el actual gobierno.

El segundo grupo tiene que ver con la limitación de la cantidad de emisoras de radio y televisión que puede reunir un grupo económico, violada en forma frecuente y desembozada. El tercero creó instituciones para defender los derechos de la ciudadanía ante los medios (incluyendo el derecho a adjudicaciones transparentes), y tampoco se ha cumplido.

Ante la posibilidad de un cambio de orientación del gobierno en 2025, y pese a que el Frente Amplio postergó largamente u omitió la aplicación de las disposiciones que había aprobado, es lógico que los grandes medios estén muy interesados en que la actual ley SCA no sólo siga anulada de hecho, sino que además se derogue formalmente. Entre otras cosas, porque los recursos de inconstitucionalidad que presentaron en 2016 contra gran parte de los artículos de esa ley fueron aceptados en muy pocos casos por la Suprema Corte de Justicia, y la estructura central de la norma quedó en pie.

La resurrección del proyecto de Lacalle Pou se produce en un momento muy particular. Por un lado, la coalición de gobierno nacional afronta un enorme escándalo debido a revelaciones, denuncias y descargos falaces sobre el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y las maniobras realizadas para ocultar información al respecto. En estos días, una proporción importante de la ciudadanía busca información en los medios sobre el escándalo, para entender qué pasó y de quiénes fueron las responsabilidades.

Por otro lado, estamos a menos de un año de las próximas elecciones, los partidos comienzan a planificar sus campañas y está cerca el momento de negociar cuánto les cobrarán las emisoras de radio y televisión por el uso de espacios publicitarios.

Justo en esta coyuntura, el oficialismo se acuerda de un proyecto cuya aprobación reclaman desde hace años los dueños de los grandes medios. Cuesta mucho creer que se trate de una mera coincidencia.

Hasta mañana.