Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

No es novedad que la actividad política combina cooperaciones y conflictos, ni que cuando falta alguno de estos dos elementos el funcionamiento de las instituciones deja de cumplir cabalmente con sus objetivos. Sin conflictos, el sistema falla en la representación de la diversidad de actores e intereses; sin cooperación, muchos problemas relevantes no se pueden resolver. Lo segundo queda de manifiesto ante la necesidad de acordar quién será designado por el Parlamento como titular de la Fiscalía de Corte.

La designación requiere una mayoría especial en el Senado, de tres quintos de sus integrantes, fuera del alcance del actual oficialismo y seguramente también del que surja de las elecciones del año que viene. Esto no surge de una ley que se pueda modificar, sino que está en la Constitución.

El anterior titular del cargo, Jorge Díaz (votado en 2012 por unanimidad), renunció hace casi un año y medio, y desde entonces ocupa su lugar en forma interina Juan Gómez, quien deberá retirarse cuando cumpla 70 años, en 2025.

Es público y notorio que una parte del oficialismo aborrecía a Díaz y considera que Gómez continúa la línea de su antecesor, pero no hay consenso en la coalición de gobierno para proponer a otra persona, que debería ser aceptada por el Frente Amplio (FA), y tampoco para establecer una conducción colectiva a cargo de tres jerarcas, como quieren algunos legisladores oficialistas, con serios riesgos de que esto partidice y trabe la actuación de la Fiscalía.

El senador nacionalista Gustavo Penadés dijo a la diaria que le parecería bien que los frenteamplistas propusieran un candidato al cargo, y esto sugiere que la coalición gobernante está bastante lejos de lograr un consenso interno.

Si no hay acuerdo interpartidario, Gómez seguirá donde está por un par de años, y habrá que elegir un nuevo titular después de las próximas elecciones. Gane quien gane en 2024, nada indica que pueda contar con una mayoría propia de tres quintos en el Senado, de modo que también será forzoso negociar, pero parece claro que el actual oficialismo preferiría hacerlo ahora que arriesgarse a hacerlo en 2025, cuando no sabe si seguirá en la Torre Ejecutiva o volverá a ser oposición. Lo antedicho explica, a su vez, por qué el FA no tiene la menor urgencia en este asunto.

Durante 2022 y en lo que va de este año se han recalentado bastante las relaciones entre el oficialismo y la oposición, y la “coalición multicolor” viene procesando tensiones internas, como es lógico a medida que se acerca el tiempo de la competencia electoral. Estas tendencias seguramente persistirán, y aunque no es una fatalidad que impidan acuerdos, por lo menos se puede prever, sin mucho temor a equivocarse, que los harán más difíciles.

Penadés afirma que preferiría un debate menos influenciado por posiciones partidistas, pero la partidización de los debates sobre la Fiscalía de Corte se ha debido en gran medida al actual oficialismo. Si no se hubiera insistido durante años con agresiones contra Díaz y Gómez basadas en identificarlos con el FA, probablemente la negociación sería más fácil. Si se cultiva el conflicto, después cuesta más lograr la cooperación.

Hasta mañana.