Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La propuesta de reforma jubilatoria enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo está actualmente en su quinta etapa de debate. Primero la mayoría oficialista de la Comisión de Expertos en Seguridad Social definió sus recomendaciones, luego se elaboró en Presidencia un anteproyecto diferenciado de estas en varios aspectos, luego los partidos oficialistas negociaron cambios para convertir ese anteproyecto en proyecto, que luego se discutió y aprobó en el Senado, y ahora la iniciativa es tratada en una comisión de la Cámara de Representantes.

Con estos antecedentes, es bastante insólito y alarmante que no sólo persistan dudas y discrepancias de los partidos Colorado y Cabildo (cualquiera de los dos indispensable para que el proyecto se convierta en ley), sino también que sigan surgiendo cuestionamientos técnicos a la iniciativa, centrados nada menos que en los efectos que tendría sobre las jubilaciones y pensiones.

Ya en la etapa del anteproyecto de Presidencia, quienes lo redactaron enfatizaban que esas prestaciones no disminuirían en ningún caso, y que por el contrario mejorarían para muchas personas, pero gente que sabe de lo que habla y tiene un importante prestigio técnico en juego afirma que los resultados serían muy distintos.

Ayer asistió a la comisión de Diputados una delegación del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), y el director de esa institución, Gonzalo Zunino, señaló un hecho bastante obvio: la rebaja del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) planteada por el Ejecutivo no sólo implica un “alivio tributario” para las personas que lo pagan, sino también una disminución de los ingresos al sistema cuyo desequilibrio financiero se busca atenuar con la reforma jubilatoria.

Un defensor de ambos proyectos podría alegar que esto no será realmente un problema, porque la rebaja se impulsa debido a que, según el equipo económico, la situación fiscal lo permite. Pero aun si aceptamos tal premisa, la cuestión es que los beneficiarios del “alivio” son, en el caso del IASS, personas que perciben el 20% de jubilaciones más altas, que en su gran mayoría no corresponden al aporte realizado antes del retiro, y requieren por lo tanto una contribución del Estado.

El IASS, explicó Zunino, retira parcialmente ese subsidio estatal a quienes reciben más, y rebajarlo de ese modo es una opción más que discutible.

Por otra parte, tanto la delegación del Cinve como el contador Luis Camacho, exdirector de Asesoría Económica y Actuarial del Banco de Previsión Social y coordinador del equipo asesor de la reforma jubilatoria de 1996, afirmaron en la comisión de Diputados que las previsiones de los autores del proyecto no son correctas con relación a los efectos que tendría esta reforma sobre las prestaciones del sistema. Habrá perdedores, aseguraron, en proporciones importantes del total de “pasivos” y en montos individuales considerables.

A esta altura resulta bastante inverosímil la idea de que todas las opiniones técnicas que contradicen el relato de Presidencia se deben a un mal manejo de los números o a intenciones políticas. El proyecto simplemente no ofrece garantías.

Hasta el lunes.