Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Desde ayer el gobierno nacional destaca, más que el inicio de las clases, el de la “transformación curricular integral” decidida por mayoría en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Al mismo tiempo, los sindicatos del sector enfatizan desde el primer día su oposición a la reforma, con paros y movilizaciones.

Es probable que gran parte de la población carezca de elementos para opinar de antemano sobre los cambios, y el esfuerzo de las autoridades por defenderlos se ha inclinado, como suele suceder con las iniciativas del actual gobierno nacional, más hacia las consignas publicitarias que hacia las explicaciones.

Se habla de “una nueva forma de enseñar”, que se caracterizará por tener “muchísimo foco en los aprendizajes”, y esto realmente no aporta demasiado a la comprensión popular, como tampoco lo hace la insistencia en el desarrollo de “competencias”.

De todos modos, es un hecho que, hasta ahora, el proyecto de reforma sólo ha sido elogiado por personas vinculadas a su elaboración o alineadas políticamente con el oficialismo, que al mismo tiempo atribuyen todas las críticas a prejuicios políticos y resistencias a la modificación de rutinas.

Está muy extendida en Uruguay la noción de que los procesos educativos deberían dar mejores resultados, pero esto de ningún modo implica un consenso acerca de qué está fallando y qué debe cambiar.

Las inseguridades son muy numerosas en estos tiempos, desde el área de las necesidades más básicas hasta las perspectivas del mundo del trabajo, que cambia en forma acelerada junto con todos los demás aspectos de la convivencia social. A muchísima gente le encantaría tener la certeza de que la educación se adecua a los desafíos del futuro, pero esto no lo puede garantizar el mejor comité de expertos.

Además, aun si supusiéramos que esta reforma es excelente, desoyendo o descalificando a todas las personas que han criticado sus contenidos o los procedimientos de su elaboración, resulta obvio que ningún proyecto de cambio en la educación puede ser evaluado seriamente u ofrecer resultados indudables apenas un par de años después de su puesta en marcha. Llegaremos al fin de este período de gobierno sin contar con elementos sólidos para juzgar en qué medida tiene aciertos o errores.

Luego de las elecciones de 2024 se instalará un nuevo gobierno nacional, y es imposible tener certezas hoy sobre cuál será la relación de fuerzas entre sus integrantes, qué orientaciones para la educación derivarán de esa relación de fuerzas y quiénes serán las personas elegidas para formar la mayoría de las autoridades de la ANEP.

Por lo tanto, y como esta reforma no responde a nada parecido a una política de Estado acordada entre actuales oficialistas y opositores, tampoco podemos saber qué quedará en pie de ella, aunque sí es razonable prever que los sindicatos de la educación mantendrán sus actuales y duros cuestionamientos. En otras palabras, seguimos muy lejos de un proceso de transformación aceptado y sostenido por todas las partes involucradas, que no son sólo los partidos y los sindicatos, sino también, para empezar, el alumnado y sus familias. Falta apoyo porque ha faltado diálogo.

Hasta mañana.