Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.
Cualquier reforma del sistema de seguridad social requiere, desde el punto de vista político, optar por orientaciones acerca de los beneficios que se procuran y la forma de costearlos. Esto puede sonar bastante simple, pero desde el punto de vista económico exige el estudio complejo de muchas variables relacionadas entre sí, para evaluar en qué medida es viable avanzar a partir de esas orientaciones, con un diseño que pueda sostenerse y partiendo de la clara tendencia actual al desequilibrio financiero.
Sin embargo, los forcejeos en el oficialismo sobre el proyecto de reforma a estudio del Parlamento no se centran en ninguno de los dos terrenos mencionados, sino en el de lo simbólico, y parecen ante todo una puja entre intereses partidarios, muy influenciada por la cercanía de la próxima campaña electoral.
La opción por encarar el problema sin aumentar los aportes, sólo mediante la rebaja del egreso global, es compartida por todos los partidos que integran la coalición de gobierno e implica, obviamente, ni pensar en una mejora sustancial de los beneficios. Cabildo Abierto (CA) no propone nuevas fuentes de financiamiento, ni un incremento de las ya existentes ni una disminución de las exoneraciones de aportes patronales que se han ido acumulando durante años; sólo demanda que el recorte de las actuales prestaciones sea un poco menor.
Tal reclamo ha instalado una controversia referida a la viabilidad financiera. El presidente Luis Lacalle Pou no incorporó la propuesta de CA en las más recientes modificaciones del proyecto que envió al Parlamento, ni las aceptó cuando el senador Guido Manini Ríos se la planteó personalmente la semana pasada. Ahora Rodolfo Saldain, principal responsable de la iniciativa, declara que tomar menos de los años con mejores aportes para calcular el básico jubilatorio tendría un impacto financiero que el equipo económico no considera aceptable.
Lo que Lacalle Pou y Saldain sí se declaran dispuestos a negociar es la exigencia cabildante de no aumentar la posibilidad de que las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) realicen inversiones en el exterior. Esto no roza las cuestiones centrales relacionadas con las AFAP en el proyecto (su mantenimiento y la extensión a todos los trabajadores de la obligación de entregarles parte de sus aportes), sino que evoca nociones nacionalistas y agita temores, no muy racionales, a que el dinero se saque del país y no vuelva.
El tema real de la pulseada es otro. Ante un proyecto con creciente viento en contra según las encuestas, y en un año preelectoral, Manini busca perfilarse como el único oficialista que trata de “mejorarlo” y desafía, en defensa de los actuales trabajadores y futuros jubilados, al resto del oficialismo y al propio Lacalle Pou. Y esto es, precisamente, lo que el presidente y los demás partidos de la coalición no quieren aceptar.
Hasta el lunes.