Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El oficialismo votaría la suspensión de los fueros del senador Gustavo Penadés para que se investiguen las acusaciones de explotación sexual de adolescentes contra él, por razones que resultan tan claras como las que incidieron en otros casos anteriores, a veces para mantener la inmunidad y a veces para retirarla.

La razón histórica de los fueros parlamentarios fue proteger a las personas elegidas como representantes de la ciudadanía para que no pudieran ser hostigadas, presionadas o silenciadas mediante lo que hoy llamamos “judicialización de la política”, y como una garantía del equilibrio de poderes dentro del Estado.

La inmunidad ante la Justicia de quienes integran el Poder Legislativo no es absoluta, pero suspenderla depende de que una mayoría del Parlamento lo considere pertinente. En el caso de Uruguay, se requieren dos tercios de la cámara integrada por la persona a quien la Justicia reclama, una proporción difícil de lograr que por lo general exige amplios acuerdos interpartidarios.

Se trata, por supuesto, de una decisión en la que se miden costos y beneficios políticos.

En 1973, cuando se pidió el desafuero del senador frenteamplista Enrique Erro, la solicitud provino de la Justicia militar, que lo acusaba de complicidad con el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. En aquel momento esto implicaba un avance más de las Fuerzas Armadas sobre el sistema institucional: el Senado no suspendió la inmunidad de Erro y poco después Juan María Bordaberry alegó que tal decisión justificaba el cese por la fuerza de la actividad parlamentaria.

Muchos años después, en 2019, el Senado accedió por unanimidad al desafuero de Daniel Bianchi, que había causado un notorio siniestro de tránsito cuando conducía alcoholizado. Nadie se opuso a que compareciera ante la Justicia, y en esto incidió no sólo que su delito era indiscutible y ajeno a la actividad política, sino también que se trataba de un legislador sin especial relevancia ni partido que lo defendiera. Electo en 2014 por el Colorado, se había pasado al De la Gente sin renunciar a su banca, y esta última fuerza política se había adelantado a expulsarlo cuando se difundió la filmación del siniestro.

Menos de un año y medio después, la situación era muy distinta cuando el Senado recibió el pedido de desafuero de Guido Manini Ríos, acusado de omitir una denuncia contra José Nino Gavazzo al conocer declaraciones suyas ante un tribunal de honor del Ejército. Para no suspender su inmunidad se esgrimieron argumentos diversos, desde tecnicismos jurídicos hasta la afirmación de que la Fiscalía actuaba de mala fe por intereses partidarios, pero era muy claro que, desde el punto de vista político, se quería evitar un duro golpe contra Cabildo Abierto, socio indispensable para que el flamante oficialismo aprobara leyes y muy dependiente de su conductor.

En el caso de Penadés, los delitos de los que se lo acusa queman. El daño es grande para él, su sector, su partido y la coalición de gobierno, con independencia de lo que decida el sistema judicial, y obviamente sería aún mayor si se impidiera un proceso. Esta vez lo político y lo jurídico apuntan en la misma dirección.

Hasta mañana.