Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

La agenda noticiosa ha sido invadida en los últimos días por temas truculentos, mientras se reiteran las peleas políticas en el barro y, en el marco de una campaña electoral prematura, nadie quiere ahuyentar votos conservadores. No es todo lo que pasa, pero es gran parte de lo que se prioriza.

En estas circunstancias, resulta entre llamativo y extraño, pero también saludable, que se planteen propuestas audaces con perspectiva de largo plazo, como sucedió en un conversatorio sobre la eventual “legalización de todas las drogas”.

Más que de simplemente legalizar, se habló de regular la producción, la calidad, la comercialización y el consumo de drogas actualmente ilegales, tal como se hace con las legales (no sólo el cannabis, sino también los productos elaborados con tabaco y las bebidas alcohólicas).

No se habló de hacerlo sólo para quitarle mercados al narcotráfico, en aras de la seguridad pública, sino también como parte de una estrategia de desarrollo económico y social, con aumento de derechos que no incluyen sólo el individual a consumir sin involucrarse con delincuentes, sino también el colectivo a convivir en paz y con reglas claras.

Se cuestionó la noción muy instalada de que las drogas son una causa principal de la criminalidad, ya sea por los efectos de su consumo, por la ansiedad de conseguir dinero para comprarlas o por los muy mentados “ajustes de cuentas” en el mundo del narcotráfico. Y se señaló que una creciente tasa de encarcelamiento por cualquier imputación vinculada con las drogas pone a “gente proclive al delito” en “lugares de organización” del propio narcotráfico.

Estos temas, al igual que el del “monopolio de la Policía para hablar de la seguridad”, sin participación de otros actores estatales y sociales, requieren atención, debates con fundamento y definición de políticas. Es legítimo, sin duda, discrepar con las posiciones expresadas en el conversatorio; lo que no sirve es ignorarlas o descalificarlas sin argumentos ni contraposición de evidencias.

Hay fuertes resistencias a profundizar en cuestiones como las mencionadas. Una parte de la sociedad, por convicción real o intención de dividir, le atribuye cualquier episodio de violencia a una presunta herencia maldita de los gobiernos frenteamplistas en general, y de la regulación del cannabis en particular.

Esto revela, por supuesto, un profundo desconocimiento de los efectos causados habitualmente por el consumo de marihuana, pero también una forma de falsa nostalgia, que suele manifestarse en la vejez y a veces llega antes, con añoranzas de un Uruguay que nunca existió pero que se considera restaurable.

Habrá quienes digan que, en la actual coyuntura política y en un año preelectoral, es desubicado y contraproducente plantear estas discusiones, pero quizá sea más desubicado y contraproducente despreciarlas o hacer de cuenta que no existen.

Los sectores políticos que proponen una agenda muy distanciada de las nociones predominantes en la sociedad corren riesgos desde el punto de vista electoral, pero si todos se amontonan en el “sentido común” mayoritario, el país se estanca en la percepción de los problemas y de sus posibles soluciones.

Hasta mañana.