Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Poder Ejecutivo se propone, mediante un proyecto de ley, reunir los documentos de que dispone acerca de violaciones de los derechos humanos en dictadura y ponerlos a disposición de cualquier persona interesada en conocerlos. Esto ya motivó un debate preliminar entre el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el ministro de Defensa Nacional, Javier García.

Pereira señaló que los archivos contienen información personal sobre personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado, a las que es preciso cuidar y no exponer. García replicó que el actual gobierno nacional es partidario de la “transparencia”, y que sería un acto de censura que decidiera a qué información se puede acceder. Veamos con algo de detenimiento cuáles son las dificultades a tener en cuenta.

Esos materiales sirven, por un lado, para la investigación de historiadores y otros trabajos académicos acerca del modo en que funcionaba el aparato estatal usurpado por la dictadura; y por otro para la labor del sistema judicial, en el intento de aclarar numerosos crímenes no resueltos. En todos los casos, hace falta manejar los documentos con criterios técnicos cuidadosos, propios de diferentes disciplinas, y antes de eso relevarlos y ordenarlos en forma profesional, cosa que está, hoy, lejos del alcance de los escasos funcionarios con responsabilidades al respecto.

De todos modos, lo primero que hay que aclarar es que lo ya recuperado y revisado en forma oficial no incluye respuestas claras a las grandes preguntas aún sin contestar sobre el destino de personas detenidas y desaparecidas, y las responsabilidades en esos y otros crímenes de lesa humanidad. Es posible que haya documentación en instituciones estatales que se ha mantenido fuera del alcance de los gobiernos, pero si aparece, lo primero será que la examine Fiscalía, sin alertar a los implicados.

Entre lo que ya ha sido revisado hay mucha información de inteligencia que corresponde tomar con pinzas. Abarca, por un lado, el registro de publicaciones en prensa, cuyo mayor interés es la posibilidad de entender mejor qué jerarquizaban los funcionarios dedicados a la tarea y cómo lo interpretaban. También hay reportes sobre seguimientos e infiltraciones, que pueden incluir datos no comprobados (cuando el espía oyó decir algo y da cuenta de ello, sin verificarlo) o mal interpretados. Y están las actas de interrogatorios en los que, por lo general, hubo torturas y amenazas, que ponen en duda no sólo la veracidad de lo que dijeron las víctimas, sino también la validez legal y ética de difundirlo.

El Ejecutivo está muy lejos de aplicar criterios de transparencia total cuando recibe pedidos de informes parlamentarios o solicitudes de acceso a información como las que puede presentar cualquier persona. Sin embargo, de vez en cuando reaparece esta fantasía de poner todo a disposición de todos. La planteó hace pocos meses el presidente Luis Lacalle Pou cuando, ante la difusión de filtraciones del material recuperado del celular de Alejandro Astesiano, comentó que quizá sería mejor difundirlo por completo, probablemente sin reflexionar mucho sobre las consecuencias que esto podía tener.

Hasta mañana.