Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Poder Legislativo merece un gran respeto, que no se extiende en forma automática a todas las personas que lo integran. Los parlamentarios tienen fueros pero no coronita, y a veces desprestigian gravemente a la institución. Por lo tanto, no hay más remedio que ocuparse de los dichos del senador en ejercicio Sebastián da Silva, del Partido Nacional, sobre los radares para controlar la velocidad en ruta.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció modificaciones en la política de seguridad vial que deben ser discutidas con mucha seriedad, porque los siniestros de tránsito son una causa muy relevante de muertes y otras desgracias en Uruguay, y ya deberíamos habernos acostumbrado a no llamarlos “accidentes”, porque con gran frecuencia sus causas se deben a conductas irresponsables.

Parecía que ya habíamos llegado al límite de la insensatez cuando desde alguna intendencia departamental se pretendió presentar la obligación de usar casco como un atentado a la libertad individual, pero Da Silva dio un paso más allá, en la dirección del precipicio.

El senador afirmó que los radares son “una moda” que “se inició en Montevideo” para recaudar, y confesó que le molestan porque, como “conductor experimentado”, se considera en condiciones de no respetar los límites de velocidad y los viola. No está claro si habría que decir que lo hace conscientemente, porque es muy discutible que el adverbio corresponda en este caso, cuando sólo le faltó cantar aquel “Himno de los conductores imprudentes” más conocido como “la canción del puré”.

Otras personas creen que, por su experiencia o por alguna capacidad individual que las distingue del resto de la humanidad, no es necesario que usen cinturón de seguridad, o pueden manejar bien cuando están alcoholizadas.

Como recordó en forma muy pertinente el titular del MTOP, José Luis Falero, estas creencias tienen consecuencias terribles, ya que la mayoría de los siniestros registrados se deben a excesos de velocidad como los que confesó Da Silva, y el costo humano fue, sólo el año pasado, 25.164 personas lesionadas, 3.178 de ellas de gravedad y 431 muertes.

En Uruguay, como en otros países, a veces se elogian los exabruptos como muestras de sinceridad. Sin embargo, es obligatorio tener presente que los parlamentarios no están en sus cargos sólo para emitir opiniones, sino también (y ante todo, según indica el nombre del poder que integran) para legislar. Se hacen leyes para regular la convivencia, el Estado tiene el derecho y el deber de hacer que las normas se cumplan, mediante la persuasión o por la fuerza, y le hace un pésimo servicio a la sociedad un legislador que reivindica el incumplimiento.

Dijo el senador frenteamplista Charles Carrera que ya nada sorprende de su par nacionalista. Quizá esta opinión sea fruto de la convivencia cotidiana, pero quienes no tienen ese gusto o disgusto sin duda están sorprendidos, con derecho a indignarse.

Una de las afirmaciones de Da Silva es a todas luces indiscutible: dijo que no tiene “mucha autoridad moral” para hablar de este tema. Lo que habría que evaluar es en qué medida la tiene para hablar de otros.

Hasta mañana.