Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El domingo 27 de octubre de este año, además de votar por candidatos a la presidencia y el Parlamento, la ciudadanía deberá decidir si reforma la Constitución. Hay tres propuestas para las que se recolectan firmas, y una cuyo sometimiento a la consulta popular ya es seguro, porque reunió con creces el apoyo de dos quintos de quienes integran la Asamblea General: plantea permitir los allanamientos nocturnos de hogares que sean autorizados por resolución judicial, hasta hoy prohibidos en el único artículo constitucional que utiliza la palabra “sagrado”.

Esta iniciativa reitera una de las propuestas del plebiscito impulsado por la campaña “Vivir sin miedo”, que encabezó sin éxito pero con importante respaldo Jorge Larrañaga, aunque no era la reforma más polémica y resistida de aquel proyecto, plebiscitado en 2019. En todo caso, nada impide legalmente reiterarla, y puede –debe– analizarse desde por lo menos dos puntos de vista muy distintos: uno es el referido específicamente a su texto, cuyos defensores invocan la necesidad de darle a la Policía una herramienta más contra las “bocas” donde se venden drogas en forma ilegal; el otro, de contexto, tiene que ver con motivos electorales.

En términos de seguridad ciudadana, el proyecto tiene debilidades de importancia. Es cierto que la cobertura de un hogar, real o ficticio, se emplea para amparar actividades delictivas nocturnas, pero el énfasis de los proponentes no apunta a facilitar la acción policial contra secuestradores, grupos terroristas que preparan atentados o grandes depósitos de drogas ilegales, como sucede en otros países.

La meta es el aumento de los ya numerosos operativos contra lugares de venta al por menor y resulta obvio, sobre todo después de los años en que este gobierno ha jerarquizado tales operativos, que ellos no cambian demasiado las cosas para los grandes traficantes ni van a frenar el avance del crimen organizado en Uruguay.

Además, la clave del éxito en estos casos no es irrumpir en una casa para ver si se encuentra evidencia de delitos, sino un adecuado trabajo previo de inteligencia e investigación. Si este trabajo se realiza, no parece indispensable apelar a procedimientos nocturnos que, como se ha señalado con insistencia desde las propias filas policiales, implican un considerable incremento de los riesgos, para efectivos y vecinos, si terminan a los tiros en un escenario mucho mejor conocido por los allanados que por los allanantes, sin que las fuerzas policiales cuenten con el equipamiento necesario para reducir esos riesgos y en circunstancias que hacen mucho más difícil la búsqueda de pruebas.

En términos electorales, la cuestión es más clara. Por un lado, siempre ayuda aparecer como principal abanderado de una propuesta que le parece correcta a un porcentaje considerable de la ciudadanía, con independencia de que ese porcentaje sea mayoritario. Por otro, esta iniciativa puede utilizarse para plantear que el narcotráfico no ha avanzado en Uruguay por la incompetencia de las autoridades, la corrupción o el escaso control del lavado de activos y el financiamiento partidario, sino por las “bocas” barriales. Qué fácil sería.

Hasta mañana.