Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Es crucial que la ciudadanía comprenda cuestiones económicas que determinan, en gran medida, la convivencia social y las situaciones individuales. Especialmente en los años electorales, cuando debe decidir en qué propuestas y personas confía para conducir el próximo gobierno nacional. En este sentido, la entrevista que publicamos hoy con Diego Labat, presidente del directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), aclara algunos asuntos, pero al mismo tiempo oscurece otros.

Empecemos por el tema del “atraso cambiario”. No hay una definición técnica precisa de lo que significa esa expresión, que debería reservarse para los casos en que la cotización del dólar es fijada por las autoridades, pero alude a que esa cotización está por debajo de lo que corresponde en función de tales o cuales cálculos técnicos.

Con independencia del método que se use, el fenómeno está presente en Uruguay. Sin embargo, hay que señalar que cuando se habla de “atraso cambiario” desde los grandes sectores exportadores, “lo que corresponde” se usa como sinónimo de “lo que les conviene”. No hace falta un posgrado en economía para entender que cuanto más alto es el precio en pesos de un dólar, mayor es la ganancia de quienes cobran en esa moneda por sus ventas al exterior.

La contrapartida, obvia pero no siempre mencionada, es que un dólar más caro implica mayores precios en pesos de muchos productos (directamente importados o que requieren insumos importados), así como un aumento de la carga para quienes tienen deudas en dólares e ingresos en pesos. Lo que les conviene a algunas personas es muy inconveniente para otras.

Por lo tanto, una de las consecuencias del “atraso cambiario” actual es que ha contribuido a disminuir el ritmo de la inflación y paliar la caída del salario real. Hay quienes sostienen que las autoridades se abstienen de intervenir en el mercado cambiario para mantener ese efecto, pero Labat afirma que la principal misión del BCU es mantener la inflación a raya, y que si la institución saliera a comprar dólares para “subir artificialmente el tipo de cambio”, esto tendría un efecto perjudicial para las personas con ingresos en pesos (habla de “licuar los salarios”, y podría haber agregado que también se vería afectado el poder de compra de las jubilaciones y pensiones).

Queda en evidencia que están en juego equilibrios complejos entre intereses diversos, a menudo contrapuestos. Lo que oscurece la comprensión es que Labat asocia las críticas al BCU con “razonamientos demasiado simplistas” que intentan “politizar” el debate, y alega que es necesario dotar de mayor independencia a la institución.

Incidir en el reparto social de costos y beneficios es una tarea profundamente política. Las orientaciones del BCU en este período de gobierno han estado en sintonía con las del Poder Ejecutivo, y lo mismo sucedió en los gobiernos frenteamplistas, que aplicaban otros criterios en algunas áreas.

No se trata de que haya un solo recetario técnico indiscutible, ni de que unos sean sabios y los otros ignorantes. Se trata de que los partidarios de cada orientación expongan sus argumentos y la ciudadanía decida.

Hasta mañana.