Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El refrán que dice “la excepción confirma la regla” es una mala traducción del latín, que a menudo se usa para sostener disparates. En el sentido que se le suele atribuir, es una frase obviamente contradictoria: la excepción demuestra que la presunta regla no es tal. Cuando se había aceptado una regla pesimista, basta con una excepción para abrirle las puertas a la esperanza, y este es el caso con relación al proyecto de reforma del Código Penal (CP) presentado en la Cámara de Representantes, que seguramente quedará para la próxima legislatura.

Los defectos del CP vigente, diseminados en cerca de 400 artículos, son muchos y graves. Su versión original fue aprobada hace casi un siglo, a fines de junio de 1934, y desde entonces han cambiado muchísimo la sociedad, las conductas y las ideas sobre qué conductas son perjudiciales para la sociedad. Además, tiene una fuerte influencia del llamado “Código Rocco”, que había entrado en vigor menos de dos años antes en Italia, durante el gobierno fascista de Benito Mussolini (y “fuerte influencia” es decir poco, porque muchas disposiciones de la norma uruguaya simplemente reprodujeron otros de su nefasta inspiración italiana). Por último, y sin agotar los cuestionamientos, aquel CP inicial se modificó parcialmente tantas veces que es muy difícil establecer cuántas fueron, con frecuencia por motivos coyunturales, y ha ido perdiendo coherencia de un modo alarmante.

Todo esto lo han tenido claro quienes participaron en sucesivas legislaturas, pero la tarea titánica de una reforma integral, que requiere mucho estudio, reflexión y debate a fondo, se fue postergando una y otra vez. Un grupo de trabajo formado por Tabaré Vázquez funcionó durante casi toda su primera presidencia y redactó un proyecto, enviado al Parlamento por su sucesor José Mujica, que fue aprobado en la primera comisión que lo trató, pero naufragó luego.

Parecía inexorable que no se encarara la reforma integral del CP, pero aquella excepción mostró que no había tal regla, y ahora esta iniciativa reafirma que hay esperanza. Que se haya presentado un nuevo proyecto no significa, por supuesto, que todo su contenido sea indiscutible ni que el próximo Parlamento vaya a terminar aprobando una nueva codificación consistente del derecho penal uruguayo, pero la situación es sin duda mejor que antes.

También parece una regla no escrita que la actividad parlamentaria en los años electorales decrezca y se disperse en cuestiones menores o, a lo sumo y para peor, en golpes de efecto para influir sobre las intenciones de voto. Pero hubo antes excepciones a la presunta regla, y esta se suma para señalar que es posible hacer cosas productivas a largo plazo, aunque las urnas estén a la vista.

Hay otro aspecto muy relevante de la noticia. Las campañas electorales tienden a plantear opciones drásticas entre permanencias o cambios, y esto es cierto en muchos sentidos, pero no totalmente. La gestión del Estado incluye procesos largos, no acompasados a los períodos de gobierno, que pueden ir acumulando avances –o retrocesos– aunque haya alternancia de partidos en la conducción. La refundación quinquenal de Uruguay también es una falsa regla.

Hasta el lunes.