Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En junio del año pasado, la jueza penal María Elbia Merlo condenó a los militares retirados Rubens Francia y Francisco Macalusso por delitos de privación de libertad y torturas contra militantes de la Unión de la Juventud Comunista durante la dictadura y en lo que era el Batallón de Infantería 6 de San José. La sentencia tuvo características destacables porque la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad ha desistido de imputar tortura, debido a que esta figura penal a menudo es impugnada y rechazada en los procesos, con el argumento de que fue incorporada al marco jurídico nacional recién en 2006, y opta por acusar de abuso de autoridad contra detenidos y lesiones graves para evitar complicaciones.

En este caso, Merlo consideró que el delito de tortura era aplicable porque ya existía en el derecho internacional, como crimen de lesa humanidad imprescriptible, cuando ocurrieron los hechos por los que se enjuició a Francia y Macalusso, de 1975 a 1978. La jueza señaló, entre otras cosas, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Uruguay en 1969, se refiere expresamente a las torturas y los “tratos crueles, inhumanos o degradantes”. En febrero de este año, un tribunal de apelaciones ratificó la condena, aunque eliminó la tipificación de tortura y retomó la solicitada por la fiscalía.

En el proceso de primera instancia, Macalusso había sostenido que era inocente y que los denunciantes formaban parte de una conspiración contra los militares por motivos políticos o económicos. Tras la condena, el hijo del militar retirado persistió en esa línea, y presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) una denuncia contra Merlo, alegando que actuó con parcialidad por intereses políticos. La acusación es grave, pero aún más grave resulta su fundamento.

La jueza tiene una cuenta de Facebook cuyo contenido sólo pueden ver personas de su entorno más cercano, y en la que incluso no se identifica con su nombre y apellido. De algún modo, Macalusso hijo accedió a interacciones en esa cuenta de Merlo con su madre, dos hermanos, su hijo y tres sobrinos, y las presentó ante la SCJ como evidencia del sesgo que le atribuye a la jueza, arguyendo que “la ideología que profesa su núcleo familiar más íntimo” se había manifestado en expresiones de apoyo a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y a dirigentes frenteamplistas.

Se trata de comunicaciones privadas, y es evidente que la familia de Merlo es libre de expresar opiniones políticas, en ese ámbito o en forma pública, sin que esto viole ninguna norma. Así lo reconoce incluso el abogado Rafael Ravera, defensor de Macalusso padre en el juicio por las torturas en San José. Sin embargo, por motivos que cuesta imaginar, la SCJ decidió iniciarle un sumario a la jueza.

La Asociación de Magistrados del Uruguay rechazó este procedimiento, preocupada porque se le haya dado trámite a una denuncia basada en pesquisas secretas sobre la vida privada de Merlo y su familia. El reclamo gremial es muy pertinente y alarma que el máximo organismo del Poder Judicial parezca no entender que le corresponde defender garantías básicas para la administración de justicia.

Hasta el lunes.