Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

El Instituto Alfredo Vásquez Acevedo (IAVA) tiene una larga historia iniciada en 1911 y se ha vuelto un símbolo. Contra ese símbolo arremetieron las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública nombradas en 2020, porque representaba todo lo que querían derrumbar. La comunidad educativa del liceo sufrió las consecuencias como muchas otras: la persecución autoritaria a los gremios de estudiantes y docentes ha sido una orientación política de trabajo, y el ensañamiento con el IAVA de la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, no fue un caso aislado.

El penúltimo capítulo de esta historia, a fines del año pasado, fue la decisión de reducir los grupos del IAVA a poco más de la mitad y trasladar a otro centro el proyecto bilingüe para personas sordas que se desarrollaba desde 1999. El último capítulo es la suspensión por 150 días del exdirector Leonardo Ruidíaz, tras un largo proceso de sumario que comenzó en abril de 2023, cuando el docente fue separado de su cargo por “insubordinación” invocando normas de la dictadura.

Poco antes de aquel hecho, Secundaria había iniciado una ofensiva de escarmiento contra estudiantes del liceo, con la orden de que dejaran de utilizar un pasillo con salida clausurada a la calle Eduardo Acevedo, que se había destinado a salón gremial desde 2009. Las autoridades alegaron que por allí debía pasar un acceso con rampa al edificio y prometieron asignarle al gremio otro salón.

Ante la resistencia estudiantil, Ruidíaz dialogó en busca de un acuerdo. Esa fue su insubordinación. Ruben Ocampo, instructor del sumario al exdirector, dejó constancia en el expediente de su punto de vista sobre la cuestión: “El objetivo institucional no era dialogar con los estudiantes, sino la liberación del espacio que ocupa[ba] el llamado salón gremial para posteriormente iniciar las obras proyectadas”.

Más de un año después, el acceso con rampa no se ha construido, y cuando Cherro dio la orden de desalojo ya había un informe técnico que descartaba la viabilidad de construirlo. La promesa de un nuevo salón nunca se cumplió. El problema de accesibilidad se debía a que un ascensor había estado cuatro años sin funcionar (sólo un ejemplo, entre muchos, de los problemas de mantenimiento no resueltos). Secundaria investigó a profesores acusados de ocupar el IAVA junto con estudiantes en el marco de aquel conflicto y de retener a las dos inspectoras designadas para reemplazar a Ruidíaz, pero el proceso terminó con la conclusión de que no habían cometido ninguna falta.

La División Jurídica de Secundaria recomendó que el sumario a Ruidíaz concluyera con una suspensión de diez días, pero las autoridades de esa rama de la educación pública decidieron, como hacían los jueces militares en dictadura, aumentar la pena: 150 días, sin goce de sueldo. La Federación de Profesores de Educación Secundaria decidió recusar la decisión.

Fue el último capítulo pero falta el epílogo, que será escrito cuando la comunidad del IAVA siga por el rumbo del que quisieron desviarla, Cherro y sus sumarios sean sólo un mal recuerdo en una nota al pie y Ruidíaz reanude, entre aplausos, la tarea educativa por la que fue castigado.

Hasta mañana.