Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS, las cuatro empresas que pidieron habilitación para hacer prospecciones sísmicas 3D en busca de petróleo en la plataforma submarina de Uruguay, obtuvieron la autorización ambiental por parte del Ministerio de Ambiente (MA).

Este proceso de exploración ha sido cuestionado por organizaciones ambientalistas y académicos, que señalan el peligro que significa para la fauna y los ecosistemas marinos. El titular del MA, Edgardo Ortuño, dijo a la diaria que “por los beneficios económicos y sociales que generaría su descubrimiento para el país, la búsqueda de petróleo con sísmica no es lo nuevo, viene comprometida de muy atrás”, y que “lo nuevo es que se hará con las máximas garantías ambientales”, haciendo hincapié en cuatro condicionamientos: duplicación de las medidas de mitigación de protección a la fauna marina, limitación del tiempo para realizar la actividad, aumento de los controles e imposición de una compensación económica a la actividad pesquera. Las empresas, con argumentos bastante similares entre sí, cuestionaron las disposiciones establecidas por el MA.

Y siguiendo con cuestiones ambientales, un emprendimiento inmobiliario que pretende instalar 72 chacras con una serie de servicios en común (canchas, muelle, bodega, etcétera) en una superficie de 300 hectáreas en el entorno de la Laguna del Cisne ha generado resistencia entre los vecinos de la zona, ya que de este cuerpo de agua natural sale el agua potable para abastecer a gran parte de la población de la costa de Canelones. Mientras el dueño de los predios y desarrollador Pablo Bidegain defiende el emprendimiento, que invita a cuidar del ambiente, y que “fue totalmente aprobado por todos”, el MA advierte que es necesario “no seguir presionando aún más la principal fuente de abastecimiento de la Costa de Oro”.

En otro orden, la Mesa Política del Frente Amplio (FA) abordará este lunes un informe, elaborado por el constitucionalista José Korzeniak, sobre la posible violación de la Constitución por parte del senador del Partido Colorado Andrés Ojeda, quien ejerciendo como abogado pidió el reexamen de una causa ante la Fiscalía General de la Nación. Según el constitucionalista, el artículo 124 de la Constitución pretende evitar que los legisladores utilicen “la trascendencia de su cargo para obtener ‘ventajas’” en trámites o gestiones ante el Estado. Ante esto, Korzeniak sostiene que el Senado “debe dictar una resolución declarando” que Ojeda “ha perdido” su cargo legislativo, y que debería ser “un acto administrativo” para lo cual “basta la simple mayoría” de los senadores, algo con lo que el FA cuenta.

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