Buenos días. Les comento algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Cuando la jueza Ximena Menchaca decidió formalizar el proceso contra el exintendente Guillermo Besozzi por siete delitos reiterados de corrupción, y dispuso su prisión domiciliaria con tobillera hasta mediados de setiembre, cobró notoriedad Stella Alciaturi, la fiscal que había investigado el escándalo de corrupción en Soriano y solicitado la imputación de Besozzi, que se sumó a las de más de 20 otras personas.

Quienes buscaban información sobre Alciaturi se fijaron en su participación en redes sociales, y comenzaron a circular imágenes de Facebook con reposteos de mensajes que criticaban al Partido Nacional (PN), enviados de 2016 a 2019. Varios dirigentes nacionalistas llamaron la atención sobre esos mensajes, y ayer la bancada entera del PN le presentó información al respecto a la fiscal de corte interina, Mónica Ferrero, junto con el pedido de que “adopte las medidas correspondientes” ante “hechos con apariencia de importantes irregularidades y/o faltas administrativas”. Vayamos por partes.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación establece que los fiscales deben “abstenerse de participar en cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto” (artículo 61, literal J), y califica las violaciones de esta prohibición como “faltas graves” (artículo 67, literal I), por las que pueden aplicarse suspensiones de diez días a seis meses, pérdida del derecho de ascenso por hasta dos años o descenso a la categoría inmediata inferior (artículo 71). Alciaturi presentará sus descargos y Ferrero decidirá qué hacer.

La participación en redes sociales tiene creciente importancia para la interacción entre la gente, y a muchas personas les falta formación y reflexión para utilizarlas con prudencia, como deben hacerlo especialmente algunos funcionarios. Fiscales y jueces tienen, como el resto de los seres humanos, ideología y opiniones, pero es clara la conveniencia de que eviten cualquier conducta que afecte la confianza en su imparcialidad como operadores judiciales.

Dicho lo anterior, corresponde realizar dos precisiones de fondo. En primer lugar, la situación procesal de Besozzi no se debe a las opiniones políticas personales de Alciaturi, sino a evidencia hallada en la investigación de Fiscalía al investigar una vasta trama delictiva, que la jueza Menchaca aceptó como base razonable para la imputación.

En segundo lugar, las eventuales consecuencias de una sanción a Alciaturi no afectarían su actuación pasada en el caso y mucho menos su actuación futura. La fiscal solicitó -hace aproximadamente dos años- un traslado que está a punto de concretarse, y será sustituida en Soriano por su colega Karen Escobar.

Sin embargo, parece muy obvio que hay una triple intención de la bancada de senadores del PN: mostrar que “contraatacan”, tomar represalias contra Alciaturi y enviar un mensaje de advertencia a Escobar, Menchaca y cualquier otro operador judicial en el caso.

Quienes actúan como dirigentes políticos no tienen por qué cuidar una imagen de imparcialidad, pero sería muy deseable para la salud de las instituciones que no procedieran como personas deseosas de vengarse y de presionar sobre el sistema judicial.

Hasta mañana.