Brasil, el país-continente con más de 210 millones de habitantes, por lejos la primera economía de América del Sur y con recursos naturales de sobra –desde agua dulce hasta tierras raras–, definirá este domingo si durante los próximos cuatro años será gobernado por Flávio Bolsonaro o Luiz Inácio Lula da Silva.
La diferencia de casi dos puntos porcentuales que había obtenido en la primera vuelta el candidato del Partido Liberal y primogénito del expresidente Jair Bolsonaro –condenado por participar en un intento de golpe de Estado–, y que había provocado comentarios autocríticos del candidato del Partido de los Trabajadores y actual presidente brasileño, parecería haberse acortado en la recta final de la campaña electoral. El jueves, Datafolha arrojó un escenario de paridad absoluta: 50 y 50 considerando los votos válidos. En cambio, la consultora Gerp –la que más se aproximó al resultado de la primera vuelta– ha situado a Bolsonaro varios puntos por arriba de Lula.
La encuesta de Datafolha fue divulgada después del espectáculo televisivo que ambos postulantes protagonizaron en la noche del domingo, y un día antes del segundo y último debate.
Durante la semana, Lula acusó a la compañía Meta –propietaria de Whatsapp, Instagram y Facebook– de perjudicarlo y retó a su adversario a levantar el secreto de sus cuentas bancarias. Bolsonaro, en tanto, afirmó que el mandatario ha hecho propaganda indebida a través de la cuenta institucional de Whatsapp del gobierno y recibió un nuevo apoyo del presidente de Argentina, Javier Milei, quien tildó a Lula de “zurdo ladrón”.
Un triunfo de Lula sería histórico: no solo sería reelecto por segunda vez, sino que además sería el primer candidato que, tras quedar segundo en una primera vuelta, logra imponerse en un balotaje, algo que nunca pasó en las elecciones brasileñas. En cualquier caso, el bolsonarismo quedará instalado como el principal movimiento político del país, con un fuerte peso en el Congreso Nacional.
Para seguir la jornada electoral, la diaria Radio hará este domingo una transmisión especial con las opiniones de Gerardo Caetano, Marcela Schenck, Camilo López Burián, Roberto López Belloso y Marcelo Pereira, con la conducción de Denise Mota y Brian Majlin. Todos invitados a partir de las 16.30.
Jubilaciones y homicidios
En el ámbito local, una delegación del Frente Amplio (FA) visitó el miércoles la Torre Ejecutiva para informarle al presidente, Yamandú Orsi, los resultados del VIII Congreso Ordinario de la fuerza política, en el que se “valoró” el impuesto al 1% más rico y se rechazó el uso de las listas “colectoras”, entre otras resoluciones. El presidente del FA, Fernando Pereira, que fue reelecto por unanimidad, aseguró que el gobierno “está cumpliendo con su programa”.
En el transcurso de la semana, Pereira y el resto del Secretariado Ejecutivo del FA también mantuvieron un encuentro con los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Juan Castillo (Trabajo y Seguridad Social) y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, a propósito del proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para crear una causal de retiro anticipado a los 60 años. “Es bravo votar en contra de este derecho”, manifestó en esa oportunidad Pereira. No obstante, hasta ahora el único partido de la oposición que se ha mostrado dispuesto a hacer aportes a la iniciativa ha sido Cabildo Abierto; de hecho, el diputado Álvaro Perrone ya lanzó un par de propuestas.
En otro orden, el Ministerio del Interior informó que entre enero y setiembre de este año se contabilizaron 312 homicidios, lo que supone un aumento de 13,5% en comparación con el mismo período del año pasado. Desde la oposición se augura que 2026 será el año con más muertes “desde que se llevan registros”. El jueves, en el Parlamento, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que “el 58% de los homicidios ocurridos tiene su origen en conflictos entre estructuras criminales” y resaltó que en lo que va del año se han desarticulado 850 bocas de venta de droga y 1.500 personas han sido condenadas o formalizadas. El ministro puntualizó que el concepto de “que se maten entre ellos” no puede ser “una respuesta del Estado”. “No podemos aceptar que haya muertes que nos importen menos por quienes son sus víctimas o por las circunstancias en las que ocurren”, subrayó.
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