Este viernes, al vencerse el plazo de la negociación, el Poder Ejecutivo resolvió fijar un régimen de servicios mínimos para la operativa de la Terminal Cuenca Plata (TCP) ante la posibilidad de que se paralicen las actividades en el puerto de Montevideo. La medida, que entró en vigencia este sábado, es diferente a la esencialidad que había pedido la empresa, propiedad en un 80% de Katoen Natie. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, argumentó que con la decisión se intenta “exigir a ambas partes”, ya que el conflicto “es del sindicato, pero también de la empresa”. Ambas partes, agregó la jerarca, deberán acordar “sobre la base de esta garantía de menor afectación de los servicios”.
Los trabajadores portuarios y la dirección del PIT-CNT dijeron que el régimen que determinaron el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) implica “el 50% del trabajo normalmente utilizado”, algo que consideraron “excesivo para lo que es un servicio mínimo”. El conflicto de fondo –es decir, la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo– volverá a estar en el centro de la agenda mañana, cuando ambas partes se reúnan otra vez en el MTSS.
Esta semana, además, hubo otras novedades vinculadas al puerto de Montevideo. Después de que Neltume Ports, accionista mayoritario de Montecon, firmara el desistimiento del arbitraje por 600 millones de dólares iniciado frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en 2024, en el que reclamaba por el contrato firmado en 2021 entre el Estado y Katoen Natie por la extensión hasta 2081 de la concesión de TCP, esta semana la empresa anunció que presentó un proyecto de inversión por una segunda terminal especializada de contenedores por 900 millones de dólares. La iniciativa, que está a estudio del Poder Ejecutivo, reaviva la discusión jurídica por el contrato con Katoen Natie: Jorge Gandini, director de la Administración Nacional de Puertos por la oposición, considera que el contrato firmado con los belgas inhibe la construcción de una segunda terminal, mientras que desde el oficialismo afirman que la discusión se saldó con el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de febrero de este año, que anuló parcialmente el decreto que impedía al Estado conceder autorización para una segunda terminal especializada.
Encuentros de Orsi
Aunque la discusión sobre el presente y el futuro del puerto de Montevideo copó en gran medida la agenda noticiosa, esta semana hubo varios encuentros del presidente, Yamandú Orsi, con representantes de la oposición. El miércoles se reunió con el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, y el jueves tuvo un almuerzo con los 19 intendentes (14 del Partido Nacional, cuatro frenteamplistas y uno colorado) en la estancia Anchorena.
Con Delgado el objetivo era intercambiar sobre política exterior, pero el blanco aprovechó además para plantearle a Orsi que convoque una comisión multipartidaria que encamine una consulta popular para habilitar los allanamientos nocturnos, medida que ya fue rechazada en dos plebiscitos (2019 y 2024).
Orsi, por su parte, respondió al día siguiente que no se niega a analizar el instrumento y consideró “bienvenida” una instancia de diálogo entre las distintas fuerzas políticas, pero desde la bancada del oficialismo advirtieron que en la discusión sobre seguridad debe entrar la designación de un nuevo titular para la Fiscalía General de la Nación, actualmente a cargo de Mónica Ferrero en calidad de subrogante.
“Personalmente, no tendría problema en analizar la propuesta, siempre y cuando se incluya también en el acuerdo el fortalecimiento de la Fiscalía y la designación de un nuevo fiscal de Corte por parte del Senado”, opinó el senador del Frente Amplio Daniel Caggiani.
Los dichos de Ferrero ante la comisión parlamentaria que estudia la Rendición de Cuentas siguieron generando polémica. Luego de que el fiscal Alejandro Machado le respondiera públicamente, esta semana fue el titular de la fiscalía especializada en crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien le respondió: afirmó que las declaraciones de la fiscal subrogante ante los legisladores “desmerecen” el trabajo de la fiscalía especializada. Sobre los problemas que ha traído la falta de acuerdos sobre la Fiscalía en los últimos cinco años reflexiona nuestro editorial.
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