“Hay cinco grúas prontas en China para traer”, comentó el dirigente del sindicato portuario Álvaro Reinaldo días atrás en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, y agregó: “Todo esto avizora mucho trabajo para los trabajadores”. El motivo de su comparecencia ante el Parlamento fue el mismo que acaparó buena parte de la semana: el conflicto en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo entre el sindicato y Katoen Natie.
En aquella oportunidad, Reinaldo destacó que la empresa belga ganó el año pasado 67 millones de dólares. Añadió que, gracias al acuerdo alcanzado con el gobierno anterior, Katoen Natie actualmente “maneja el 80% de los contenedores que entran y salen del país”. En este escenario de “expansión”, una de las principales reivindicaciones del sindicato es aumentar ⎼idealmente a 25⎼ el mínimo actual de 13 jornales asegurados. La empresa, que ha dicho tener “montañas de jornales pagos no trabajados”, ha planteado ir escalando este número con base en los días efectivamente trabajados.
Prácticamente todos opinaron sobre el asunto en el correr de la semana. El tema estuvo presente en la reunión que mantuvo el presidente, Yamandú Orsi, con la Confederación de Cámaras Empresariales el martes en la Torre Ejecutiva. La Unión de Exportadores informó que en lo que va del año ya hubo 33 días con interrupciones en la actividad portuaria, casi la misma cifra que en todo el año pasado.
La posible declaración de la esencialidad en el sector dominó la discusión. “Las herramientas institucionales existen” y “es una obviedad decir que cuando se tienen que usar, hay que usarlas”, afirmó Orsi, pero puntualizó: “El acuerdo es lo que todos queremos”.
El convenio colectivo cayó el 31 de mayo. La última reunión tripartita fue el viernes y, según declaró a Subrayado la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, se avanzó “sustancialmente”. Asamblea sindical mediante, las partes volverán a conversar el lunes.
Tal y como estaba previsto
En el Parlamento, una vez más, frenteamplistas y cabildantes fueron mayoría y concretaron el acuerdo alcanzado la semana pasada en torno a la Rendición de Cuentas. Después de despotricar contra el Congreso de Intendentes, Álvaro Perrone trató de simplificar al momento de la votación la postura de Cabildo Abierto: “Hay gente que se va a beneficiar con esto”. El proyecto ahora se discutirá en el Senado, donde la mayoría oficialista garantiza un trámite sin ningún inconveniente.
Casi por unanimidad (solo se opuso Identidad Soberana), la Cámara de Diputados terminó aprobando esta semana la unificación de las transferencias dirigidas a niños, niñas y adolescentes. También salió, con el apoyo de la Coalición Republicana, la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como la creación de 300 cargos policiales.
En la última jornada de votación, y luego de un confuso episodio en el estacionamiento del Palacio Legislativo, Perrone terminó presentando un artículo aditivo para excarcelar a los represores recluidos en Domingo Arena. Dos diputados colorados del sector de Pedro Bordaberry habían amagado horas antes con impulsar la misma iniciativa. El rechazo fue contundente: 2 en 96.
También pasó esta semana
Con la respuesta de Mario Cardama, finalizó la investigación parlamentaria sobre la compra de las patrullas oceánicas en el gobierno anterior. Todo el material será enviado a la Fiscalía, que esta semana recabó los testimonios de los abogados Delpiazzo.
Personas en situación de calle marcharon en contra de “la indiferencia que condena a la invisibilidad”.
ASSE resolvió renovar por completo la Dirección de Salud Mental y la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay emitió un comunicado al respecto.
En la previa del Congreso Panamericano que se desarrollará este fin de semana en Montevideo, Gabriel Boric alertó sobre “el fanatismo por la moderación”.
A semanas de la primera vuelta, Lula valoró el hallazgo de petróleo en el norte de Brasil.
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