El Poder Ejecutivo resolvió decretar una alerta meteorológica de nivel rojo y dispuso la activación de la operativa del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en la franja costera que va desde el arroyo Pando hasta la localidad de Aguas Dulces, entre las 21.00 de este jueves y las 04.00 del viernes.
Así consta en un decreto firmado por el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Consejo de Ministros, en el que se da cuenta de la posibilidad de “la formación de un ciclón extratropical, consistente en vientos muy fuertes y persistentes, asociados con rachas muy intensas, que podrían superar los 120 kilómetros por hora” en dicha zona, al que accedió la diaria. El documento añade que el horario dispuesto para la alerta constituye el período para el que se esperan los mayores niveles de riesgo.
La alerta comprende las localidades de Estación Atlántida, Estación La Floresta, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Tesoro, Gregorio Aznárez, La Capuera, Maldonado, Nueva Carrara, Pan de Azúcar, Parque Medina, Pueblo Solís, San Carlos, 19 de Abril, Castillos, Puente Valizas y Rocha, así como las localidades circundantes.
En el decreto se enuncia que las medidas dispuestas se corresponden con “las acciones programadas y cumplidas en el marco del funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias” (Sinae), y recuerda que estas “son de orden público y su cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y legales vigentes”. Además, se considera que resultan necesarias, “en tanto existe una alta certeza en la manifestación del fenómeno en un tiempo perentorio y el aumento de los potenciales impactos, lo que puede implicar movilizaciones y restricciones a la movilidad”.
Como consecuencia, el decreto dispone la “limitación de la movilidad” y que durante su vigencia y para las zonas indicadas, los organismos del Estado deberán “suspender toda actividad asociada al riesgo que conlleva la condición meteorológica indicada, sin afectación de la retribución correspondiente a los funcionarios”. También que aquellas “excepciones derivadas de servicios públicos que involucren la realización de cometidos esenciales del Estado” deberán correr a cargo de los jerarcas correspondientes, “tomando en consideración el riesgo y la vulnerabilidad para el funcionario y la población objetivo vinculada al servicio de que se trate”.
La norma exhorta a los actores de la actividad privada a ajustarse a “lo dispuesto precedentemente, con la adopción de los criterios enunciados”, y a la población de las zonas afectadas a adherir a las recomendaciones del Sinae.