Como resultado del proceso de discusión y formulación de la nueva propuesta de bases programáticas del FA, puede identificarse lo que entiendo es un nuevo consenso político sobre seguridad pública en la izquierda uruguaya.
Quienes actuamos en política y creemos en ella tenemos la obligación de plantearnos cómo actuar y posicionarnos frente a estos fenómenos que afectan la democracia, la pluralidad y el sentido colectivo de nuestras sociedades.
Las políticas de vivienda y hábitat deben ser concebidas desde las demandas de las personas y no desde la provisión de servicios financieros y constructivos.
No solamente el narcotráfico se ha mostrado más poderoso, resiliente y capaz que las fuerzas que lo persiguen, sino que es un signo inequívoco de que el problema jamás debió encararse desde la represión de la oferta.
Pese a ser el primer país de América Latina en consagrar los derechos políticos de las mujeres en 1932, en la actualidad Uruguay se encuentra en el puesto 90 respecto al porcentaje de mujeres en los parlamentos.
Acá no está en cuestión el “milagro de la vida” ni el accionar de la Policía, que claramente ha logrado en estos casos atender con altura estas situaciones de emergencia. Acá de lo que estamos hablando es de miseria.