Opinión

En la edición del miércoles 8 del corriente de La Nación, el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, ante quien tuve el honor de representar a mi gobierno durante dos de los más de diez años en que serví como embajador en el Uruguay, nos expone una versión de la historia reciente de su país bajo el sugestivo título “Los peligros de falsificar el pasado”. No quiero aquí cuestionar esa interpretación. Ya lo han hecho con más autoridad muchos compatriotas suyos. Quiero sólo referirme a un párrafo de su nota que por su carácter taxativo reclama una réplica.

¿Por qué se dice que hay un tiempo para gobernar y otro para discutir sobre candidaturas? Parece más interesante analizar el asunto sopesando las ventajas y los inconvenientes de una postulación precoz o tardía. Considerarlo una cuestión de principios para un lado o para el otro es un ejercicio de retórica pura.

Como si hubiera que recordarlo una y otra vez, la Segunda Guerra Mundial sacudió a la Humanidad como un terremoto. Todavía se sienten las réplicas, algunas de baja intensidad. Otras derrumban muros, ciudades y naciones. La guerra consolidó a Estados Unidos como potencia militar, económica y política, papel que compartió con incomodidad durante décadas con la hoy disuelta Unión Soviética. También se desató una intensa ola descolonizadora en distintas regiones de Asia, Medio Oriente y África. Occidente, además, asumió la culpa (y procuró expiarla) por tantos siglos de antisemitismo, que tuvieron su máxima expresión en el Holocausto, el asesinato de seis millones de judíos a manos de los nazis y sus alcahuetes.

Con los objetivos de adecuarse a un nuevo escenario internacional poscrisis, definir algunas zonas grises de la ley 15.921 y asegurar los propósitos legales de promoción de inversiones, expandir las exportaciones e incrementar la utilización de mano de obra local, el gobierno nacional decidió emitir el Decreto 344/010 introduciendo una serie de nuevos requisitos para los proyectos desarrollados en las ZF.